Los Franco recurren la exhumación al Supremo y el Gobierno no podrá hacer nada hasta que se pronuncie

La familia Martínez-Bordiú Franco ha interpuesto un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, solicitando al tiempo la suspensión cautelar del acuerdo recurrido, lo que comprende la suspensión no sólo del acuerdo de exhumación sino también del veto del Gobierno al lugar de re-inhumación indicado por la familia y del plazo concedido a ésta para la designación de un lugar de re-inhumación alternativo.

El mero hecho de la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo determina por concepto que el Gobierno deba abstenerse de toda actuación tendente a la ejecución de la resolución recurrida hasta tanto el Tribunal Supremo se pronuncie con respecto a la suspensión cautelar interesada, toda vez que en otro caso quedaría por completo defraudado el derecho a la tutela judicial efectiva de la familia en orden tanto a su pretensión principal como a la medida cautelar interesada, las cuales quedarían vacías de contenido de procederse a la ejecución del acuerdo recurrido.

La familia alega que la eventual ejecución de la pretensión del Gobierno de exhumar el cadáver embalsamado de su abuelo implicaría la absoluta frustración de sus legítimas expectativas en orden a la estimación de sus pretensiones en el orden jurisdiccional, ya que convertiría en papel mojado una eventual sentencia que declarase la ilegalidad del acuerdo de exhumación del cadáver en contra de la voluntad de sus familiares.

La hora del Supremo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo tendrá que admitir a trámite la acción jurídica interpuesta por los siete nietos de Francisco Franco, contra la exhumación del dictador, así como pronunciarse sobre la solicitud de las medidas cautelares instadas por estos en su escrito y orientadas a paralizar la salida de los restos del Valle de los Caídos. Cuestiones que se dilucidarán en un plazo máximo de tres semanas.

La familia ha solicitado al Tribunal Supremo que, en tanto en cuanto resuelve sobre el fondo del asunto, suspenda el procedimiento administrativo en curso, dejando sin efecto el último acuerdo ministerial aprobado por los socialistas. Al tratarse de una petición de medidas cautelares, la Sala competente ordenará la apertura de una pieza separada para resolver si atiende, o no, el requerimiento de los Franco. Y proseguir, a continuación, con la resolución de la materia central, en cuestión.

Fuentes judiciales del alto tribunal consultadas por OKDIARIO aseguran que lo normal sería paralizar la exhumación para asegurar que el bien jurídico en discusión, el derecho de la familia a la tutela judicial efectiva, no se vea afectado de manera irreversible en el caso de que se debatiese sobre la procedencia jurídica de la decisión del Gobierno, sin suspender temporalmente las acciones derivadas de la misma.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que lo normal sería paralizar la exhumación

De acuerdo con este escenario, el Gobierno no podría avanzar ni desarrollar ningún tipo de medida que afecte a la tumba de Franco hasta que el ponente del recurso interpuesto por la familia resuelva en sentencia. Algo que podría prolongarse en el tiempo hasta un año, de acuerdo a la norma no escrita que es práctica habitual en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal, que en la anterior ocasión ya advirtió a los de Sánchez que rechazaba entrar a conocer del recurso y adoptar medidas cautelares, por extemporaneidad en la petición de los Franco, pero sería quien tuviese la última palabra en todo caso. A este nuevo escenario se suman, ahora, a las peticiones motivadas de la familia la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Madrid que ha adoptado medidas cautelarísimas, a confirmar en los próximos días, hasta determinar la idoneidad técnica y validez del informe arquitectónico del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial sobre el proyecto necesario para abordar la exhumación, de acuerdo al incumplimiento denunciado por un particular sobre lo previsto en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.