La Fiscalía investigaba desde septiembre al consejero detenido en Melilla por comprar votos

Mohamed Ahmed Al-lal, el consejero de Melilla detenido por la trama de compra de votos estaba investigado desde septiembre por la Fiscalía, debido a la manipulación de adjudicaciones públicas. OKDIARIO ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía de Área de Melilla en el que se denuncia al recién destituido consejero detenido en Melilla (de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana) por la adjudicación presuntamente irregular de dos millones de euros a empresas de reciente creación. Al menos 270.000 euros de estas ayudas fueron a parar a seis empresas que guardan estrecha relación con familiares de los dos directores generales que tuvo Mohamed Ahmed Al-Lal.

El primero de esos directores generales es Joaquín Arana Torres, destituido el 16 de diciembre de 2021 como director general de Atención, Participación ciudadana y Juventud, quien solicita una partida de dos millones de euros para financiar empresas de nueva creación bajo el programa Subvención Juventud Programa Joven. Una subvención que, según fuentes de la investigación, se aplica sin cumplir ni con la Ley General de Subvenciones ni con varias normas autonómicas melillenses. De hecho, el único criterio para otorgar las subvenciones es el orden de llegada de las solicitudes.

Tres de esas primeras empresas que recibieron esta subvención son Asociación Evolutio, Grupo G8 Outsourcing y Prevención Melilla SL, todas ellas, según denuncia el Miguel Marín, del Partido Popular ante la Fiscalía, están relacionadas con el hermano del director general, Joaquín Arana. En total, estas tres compañías se llevaron 130.000 euros del Gobierno autonómico de Melilla.

Tras el cese de Arana Torres, el 16 de diciembre de 2021, Abdelaziz Hammad Mohamed es nombrado nuevo director general de Atención, Participación Ciudadana y Juventud. También según el PP de Melilla, Abdelaziz Hammad adjudicó 140.000 euros en subvenciones a empresas relacionadas con la hija de este nuevo director general: Todoagua SC, Formaturo SL y Asociación Avance y Progreso.

Incluso el propio Interventor General de Melilla (cargo obtenido mediante oposición), en su informe financiero de 2021 advierte de la falta de una reglamentación suficiente en esta convocatoria lanzada por el área del consejero de Melilla detenido ahora por el caso de la compra de votos.

Una convocatoria que tenía como fecha límite para la entrega de proyectos el 30 de diciembre de 2021 y que el 31 de diciembre, era el único día para, entre otros trámites, revisar todos los expedientes, comprobar todos los documentos aportados y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a cada empresa.

Unas gestiones que son imposibles de tramitar en apenas 24 horas (además, el día de Nochevieja) y que, presuntamente, el Gobierno melillense no realizó. Por ello, la fiscalía amenazó con denunciar por desobediencia grave a la autoridad al ya ex consejero de Coalición por Melilla si no respondía al requerimiento en el que se solicitaban las bases reguladoras de la subvención y los expedientes individuales de cada empresa (algo que, según los expertos, es imposible elaborar en las 24 horas que transcurrieron entre el fin del plazo el 30 de diciembre y la resolución, del 31 de diciembre).

Además, el consejero detenido ahora en Melilla por la compra de votos, se inmiscuyó en la creación de empleo, algo que según el Reglamento del Gobierno Melillense, no es de su competencia.

Se dan casos muy paradójicos entre las empresas premiadas con estas subvenciones adjudicadas según el orden de llegada (y no de forma competitiva): dobles subvenciones, como es el caso de Mohamed Mohand Abderrahman, que recibe personalmente 100.000 euros para contratar a 10 trabajadores y 80.000 euros a través de su sociedad (Mohameds Global SL) para contratar 8. Es decir, mediante dos subvenciones distintas en la misma resolución, obtiene 180.000 euros.

En diciembre de 2021, el primero de los dos directores generales, Joaquín Arana Torres, fue destituido tras denunciar que el consejero detenido en Melilla quiso multiplicar el gasto de estas ayudas y rebajar los requisitos. Por ejemplo: reduciendo el número de trabajadores mínimos de las empresas de 10 a 5 y aumentar el coste máximo subvencionable de 100.000 euros a 250.000. Es decir, pasar de dar 10.000 euros a cada empresa por cada trabajador contratado nuevo, a dar 50.000 euros por trabajador nuevo. Otro ejemplo es que, a pesar de ser una subvención pensada para el empleo juvenil, quiso que el máximo de edad de cada trabajador contratable pasase de los 30 a los 36 años. Ante la negativa de Arana Torres, el director general fue destituido.