La Fiscalía investiga si Pablo Iglesias injurió al juez del ‘caso Dina’ al acusarle de «prevaricador»

La Fiscalía de Madrid investiga si el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió un delito de injurias contra el juez a cargo del denominado caso Dina, Manuel García-Castellón, tras llamarle «prevaricador» y «mediocre» el pasado mes de abril.

Fue durante la presentación de su libro cuando el ex dirigente de la formación morada atacó al magistrado que le investiga por la comisión de tres presuntos delitos por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora Dina Bousselham. A juicio de Iglesias, García-Castellón pasará a la historia «como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de las instrucciones»  o «como un prevaricador».

Unas palabras que carentes de toda prueba por las que la Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito al Ministerio Público en Madrid para determinar si constituyen un presunto delito de injurias o calumnias.

Críticas

Las críticas de los dirigentes de Podemos al poder judicial no son una novedad. Antes que Iglesias, asiduo en este tipo de descalificativos, fue la actual dirigente del partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la que se enfrentó a un posible delito de calumnias por acusar a varios magistrados del Tribunal Supremo de «prevaricación» tras la condena a Alberto Rodríguez por agredir a un policía en el año 2004.

En concreto, la secretaria general del Podemos publicó en sus redes sociales que Rodríguez había sido sentenciado «a pesar de las pruebas que demuestran que no estuvo» en el lugar de los hechos. El objetivo, aseguró Belarra, «era quitarle el escaño», al tiempo que añadía que «el Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».

No obstante, el propio Tribunal Supremo decidió inadmitir la querella contra la ministra, al concluir que, si bien las valoraciones eran «injustificadas y ofensivas», estaban amparadas por la libertad de expresión.

Caso Dina

La Audiencia Nacional investiga a Pablo Iglesias por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora.

El pasado 15 de marzo, Bousselham fue citada a declarar para aclarar que «consiente, tolera y acepta» que el ex líder de Podemos tuviese acceso a su tarjeta de memoria sin su conocimiento. En esa declaración, tal y como publicó OKDIARIO, el juez García-Castellón desmontó el perdón que Bousselham le ha concedido a Pablo Iglesias por acceder a fotografías íntimas de su teléfono móvil.

La ex asesora salvó al ex líder de Podemos de un delito de revelación de secretos con agravante de género alegando que «formaba parte de su núcleo cercano». Sin embargo, la joven marroquí acusó al dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, de machista por entregarle la tarjeta micro SD -que había llegado a la revista Interviú- a Pablo Iglesias y no a ella. En ese momento, el magistrado le recriminó que «machismo es guardarse la tarjeta para protegerla» a ella, en alusión a las palabras del ex vicepresidente del Gobierno para justificar que no entregase la tarjeta a su propietaria.

Respecto al posible delito de daños de Pablo Iglesias en el manejo de la tarjeta, la Policía Judicial entregó al juez de la Audiencia Nacional un informe en el que certificó que el contenido de la micro SD de Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella. Aunque existan fuertes indicios, resulta así «muy difícil» probar de manera científica que Iglesias fue el autor material de la destrucción.