La Fiscalía instará la destitución de Trapero si no cumple sus órdenes «al pie de la letra»

Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos, será el primer alto funcionario de la Generalitat para quien la Fiscalía solicite la inhabilitación tras el 1-O, y que así sea apartado de inmediato del mando, si no cumple las órdenes «al pie de la letra», según fuentes consultadas por OKDIARIO. El comportamiento de los Mossos desde los disturbios previos al referéndum hasta el día de su celebración ha dejado en evidencia la lealtad de la policía autonómica a la hora de atajar el golpe secesionista.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de negarse a desalojar los colegios si quienes los ocupantes se niegan a marcharse antes de las 6 de la madrugada de este domingo. Según el acta que los agentes al mando de Trapero están levantando en su inspección de los colegios, hay cuatro motivos para no desalojar el local: el que los ocupantes no quieran hacerlo es el primero. Tras él, estos tres: si hay posibilidad de altercados con daños, si los agentes no pueden acceder al centro y si hay presencia de personas vulnerables (niños, ancianos o enfermos). El jefe de los Mossos ya había trasladado el viernes a sus subordinados que renunciaran a emplear la fuerza para cumplir con el mandato judicial.

Trapero ha dado la orden de no desalojar los colegios donde sus ocupantes se nieguen a hacerlo de forma voluntaria

La Fiscalía apelará a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para solicitar al TSJC la inhabilitación de Trapero. La primera de ellas establece en el artículo 6 que «la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones».

Añade que «todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5 (Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad y Delegaciones del Gobierno), y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3 (la protección de los derechos individuales, el normal funcionamiento de las instituciones, el respeto a la leyes y la utilización pacífica de los espacio públicos)».

La ley exige a todos los cuerpos policiales respeto a los principios de cooperación y lealtad institucional

La lectura de estos artículos (los deberes de auxilio y colaboración están recogidos también en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) desnuda el comportamiento que han mantenido los Mossos bajo el mando de Josep Lluís Trapero. Y más aún, después de conocerse el informe que la Guardia Civil ha presentado a la Audiencia Nacional que investiga como sedición los disturbios de la semana pasada en Barcelona a raíz de las primeras detenciones ordenadas por el juez que el caso de la organización del 1-O.

No auxiliaron a la Guardia Civil

La Guardia Civil deja constancia de los continuos llamamientos que se hicieron al cuerpo de Josep Lluís Trapero pidiendo refuerzos según se agravaba la situación en la sede de la Consejería de Economía y del temor que sintió por su integridad física el responsable del operativo desplazado por orden judicial para los registros, un equipo que estuvo «sitiado» durante más de 18 horas.

El informe del instituto armado incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la Consejería, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.

Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó en el lugar un responsable de la Unidad de Control de Masas.

En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían «armas largas» y que si los manifestantes accedían a los vehículos «podría incrementarse la amenaza de forma muy importante».

La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era «mantener la situación».