La Fiscalía destapa que hay 4.000 menas pendientes de que se les haga la prueba de edad por «falta de medios»

La Fiscalía ha reconocido que, a finales de 2025, había casi 4.000 menores extranjeros no acompañados (menas) pendientes de que se les haga la prueba de edad debido a la «falta de medios» con los que cuentan las autoridades. La Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al ejercicio pasado alude a una «problemática relativa a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y su determinación de edad».

«A lo largo de este ejercicio se han incoado 7.999 expedientes de esta naturaleza», recoge el documento que ha publicado el Ministerio Público esta semana. De ellos, hay «pendientes de resolver 3.904». Es decir, casi la mitad de los procesos abiertos a los presuntos menas no han podido esclarecer al final de ese mismo año cuál es su edad real.

La pendencia, es decir, el porcentaje de procedimientos no resueltos, se debe a la «falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas», argumenta la Fiscalía.

Esta situación se ha visto agravada, como denuncia el documento del Ministerio Público, porque «durante el 2025 se ha vivido una llegada masiva de menores extranjeros con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta». Un hecho que, como recuerda la Memoria, provocó que «fueran declarados dichos territorios en situación de contingencia migratoria».

La declaración de situación de contingencia migratoria, como señalan desde Fiscalía, supuso que se movilizaran los menores «hacia otros territorios», además del «reparto equitativo entre las comunidades autónomas para aliviar el colapso del sistema de protección de aquellos».

El reparto tuvo «reflejo en los sistemas de protección», según señala el Ministerio Público. Aseguran que, para «atajar una sobreocupación en la red de protección y, especialmente, en los centros de recepción, se han creado nuevos recursos y se han destinado más medios para atender la necesaria protección de estos menores».

«Creación de macrocentros»

Además, alertan de que las «llegadas masivas» provocan «un riesgo de creación de macrocentros con un elevado número de plazas que dificulta el trabajo individualizado con las personas menores de edad». Esta situación, a ojos del Ministerio Público, tiene efectos negativos en «su integración y desarrollo educativo en España como país de acogida».

En todo caso, tranquilizan respecto a la comparativa con el año anterior. La Fiscalía aclara que «la situación de crisis reflejada en la memoria del 2024 no es la que se refleja en la memoria de este año». En el 2025 hubo un «descenso de llegadas» que, según la Memoria, «ha permitido adaptar los recursos de protección a su función socioeducativa y garantizar a los menores la cobertura de sus necesidades básicas».

Asimismo, también se pone en valor que «las autoridades policiales han sabido coordinarse para agilizar su documentación y otorgarles una identidad, esencial para trabajar su proceso de integración en nuestro país».

La Memoria es una fotografía de la situación a 31 de diciembre de 2025. Es decir, señala la tensión que ya existía antes de la invasión migratoria del 30 de julio de este año, cuando irrumpieron casi 80.000 personas en Ceuta a través del espigón de El Tarajal, la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos.

De todos los extranjeros que entraron en Ceuta, según el Gobierno, quedan 5.000, pero el Ejecutivo ceutí de Juan Jesús Vivas dice que es el doble. De entre los que quedan, la administración socialista ha indicado que hay filiados 1.200 menores. De ellos, el Ministerio de Juventud ya anunció que distribuiría 500 niñas en diferentes puntos de la península.