La Fiscalía del Supremo pide subir hasta 10 años la condena de cárcel a Urdangarin

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este lunes recurso de casación por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el llamado caso Nóos. Es prácticamente una enmienda a la totalidad a la sentencia del pasado 17 de febrero de la Audiencia de Palma, pues la fiscal revisa cada uno de los tipos penales y propone condenas que en su grado más alto elevarían a 10 los años que Iñaki Urdangarin debería pasar entre rejas.

La Fiscalía se ha visto obligada a publicar una nota de prensa dirigida a los medios porque la interpretación del recurso del Ministerio Fiscal ampliaba la petición de pena a 14 años. Sin embargo, aclaran que «como consecuencia de la estimación de los motivos del recurso interpuesto y en lo que a este señor [Urdangarin] respecta, le pena de prisión se vería incrementada en tres años y siete meses.

El Ministerio Público apunta en un comunicado oficial de dos párrafos que el recurso de casación presentado por la fiscal María Ángeles Garrido no solicita endurecer la pena de prisión del marido de la Infanta Cristina hasta los 14 años, tal y como se ha informado erróneamente debido a la información facilitada inicialmente por el Gabinete de prensa de la Fiscalía.

El escrito, de 105 folios, retoca todas las interpretaciones de la sentencia original que este periódico ya analizó llegando a la conclusión de que las penas impuestas eran inferiores incluso a las contempladas por el Código Penal. La pena quedaría no obstante por debajo de los 19 años de cárcel que solicitó para él la Fiscalía Anticorrupción durante el juicio.

Además de la prisión, la suma de conductas criminales que la Fiscalía del alto tribunal encuentra en el cuñado del Rey Felipe VI le podrían suponer, en el caso de que el Supremo haga suya esta tesis, 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta más 6 años de inhabilitación especial a lo que se añaden penas de multa que superan el duplo de la cantidad defraudada —253.075,30 euros por uno de los delitos y 259.478,38 por el segundo de los delitos contra la Hacienda Pública—.

En su escrito, la fiscal María Ángeles Garrido considera que Iñaki Urdangarin debe ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación; a un año por tráfico de influencias, otros dos años por fraude a las administraciones y hasta cinco años de cárcel por malversación —esta condena sería la más novedosa respecto a la sentencia de Palma, porque allí no se le condenó por el Illles Balears Forum 2005—.

En este último punto fuentes fiscales han señalado que la apreciación de conducta delictiva en el Forum de Baleares celebrado un año antes de 2006 —por el que sí fue condenado Urdangarin en primera instancia— podría entenderse como pena alternativa y no acumulada a la anterior. De interpretarse así, la petición de pena total no sería de 14 años y medio, sino diez años más para el ex duque.

A ello habría que sumar dos años de cárcel por los que fue condenado por delito fiscal en primera instancia y que la Fiscalía no entiende que deban ser modificados ahora.

En su repaso, figura por figura, por ejemplo, la fiscal entiende que en el delito continuado de prevaricación, debe solicitar que se le aplique la atenuante de reparación del daño. Además de la condena de cárcel pide una inhabilitación absoluta de 9 años y 6 meses.

Garrido pide que se condene al marido de la infanta Cristina por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público, así como de malversación: “Ignacio Urdangarin deberá ser condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, así como de malversación, aplicando el artículo 65.3, al no ser funcionario público y la atenuante simple de reparación del daño”.

En el caso de su ex socio Diego Torres, que fue condenado a 8 años y medio de cárcel, ocurre lo mismo, y la Fiscalía del Supremo revisa todas y cada una de las figuras delictivas. De atenderse las peticiones de la Fiscalía vería incrementada su pena hasta los 16 años y 10 meses de cárcel. Para Torres reclama también 10 años de inhabilitación.

Mientras, al ex presidente de Baleares Jaume Matas le pide un aumento en su condena de 4 meses, al pasar de 3 años y 8 meses a 4 años más en esta causa, degajada del caso ‘Palma Arena’, la pena podría incrementarse hasta los 7 años y 9 meses de cárcel.

El pasado 17 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma condenaba a Iñaki Urdangarin a una pena de prisión de seis años y tres meses por numerosos delitos cometidos al frente del Instituto Nóos.

Concretamente, el tribunal compuesto por Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín le declaraba “autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condenaba a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de 10 euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de Baleares”.

Anticorrupción quería ingreso en prisión

Ya el mismo día de la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción tenía previsto solicitar el inmediato ingreso den prisión del marido de la infanta Cristina si era condenado a más de seis años de cárcel. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero dio a conocer el pasado 17 de febrero la sentencia del caso Nóos: Urdangarin y su ex socio Diego Torres estaban acusados en esta causa de apropiarse de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para Urdangarin una pena pena de 19 años y medio de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración, estafa, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda pública.

¿Cómo es posible que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin y finalmente fuera condenado a sólo 6 años y tres meses? El tribunal del caso Nóos suavizó tanto las penas, aplicando todo tipo de atenuantes, que las dejó en los huesos.

Se llegó a considerar que la sentencia, en ocasiones, corregía la aritmética del Código Penal. Así, la explicación hay que buscarla en Valencia, donde Urdangarin y su socio Diego Torres obtuvieron 3 millones de euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB) para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006.

La Fiscalía sostenía que el coste real de cada uno de estos eventos no superó los 200.000 euros y los convenios firmados para su financiación fueron irregulares, pues no se ajustaron a los principios de publicidad y libre concurrencia de la Ley de Contratos del Estado.