La Fiscalía deja en evidencia al Gobierno: los incendios son intencionados y no por el «cambio climático»

La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que los innumerables incendios forestales que asolan España este verano son provocados por la mano del hombre. «Detrás de la mayoría de ellos está presuntamente la interacción humana con el bosque, sea por una razón intencional o por comportamientos negligentes como el uso de máquina, determinadas herramientas o colillas», señala explícitamente la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

Esta afirmación entra en total contradicción con el discurso gubernamental, que lleva semanas atribuyendo al «cambio climático» los incendios forestales que se propagan, sin solución de continuidad, desde el inicio del verano y que ya han causado al menos 2 muertos, decenas de heridos y cerca de 60.000 evacuados.

Así, el propio Pedro Sánchez manifestó, en su visita a la zona afectada por el fuego de Casas de Miravete (Cáceres) en julio pasado, que «el cambio climático mata. Mata personas, mata nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus negocios o su ganado».

En la misma línea, la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, en su visita al incendio todavía activo en Vall d’Ebo (Valencia), afirmó que «el cambio climático está afectando claramente a este incendio».

Asimismo, el pasado miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita a Bejís (Castellón), donde supervisó las labores de extinción del que ya es hoy el peor incendio en la Comunidad Valenciana en 30 años, afirmó que «ya nadie pone en discusión la importancia del cambio climático» en la propagación de los incendios forestales.

Acción humana

La Fiscalía de Medio Ambiente parece tener una opinión diferente. La mayoría de los incendios responden a la acción humana, ya sea deliberada o negligente en los bosques. Asimismo, reclama una necesaria política de prevención y la existencia de planes de prevención y contingencia.

Ya en el mes de mayo ante las previsiones de altas temperaturas y menor volumen de precipitaciones, el fiscal encargado envió un oficio a los fiscales delegados instando a reforzar la vigilancia respecto a los planes de defensa de incendios, obligatorios para los consistorios que tengan superficies forestales en sus términos municipales. Instaba a las Secciones de Medio Ambiente a realizar controles, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y agentes competentes, «en vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, e incluso campamentos infantiles y juveniles situados en terrenos forestales que impliquen riesgo de incendio forestal». Asimismo pedía a los titulares –públicos o privados- que adoptasen «las medidas procedentes para evitar incendios en estas zonas».

Han tenido que pasar tres meses desde esa recomendación de la Fiscalía General del Estado para que el Gobierno aprobara el pasado 1  de agosto el Real Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta frente a incendios forestales durante todo el año, que por otra parte da de plazo hasta el 31 de octubre de cada año para la aprobación anual de los planes autonómicos.