Los fiscales piden al Supremo tumbar la petición de Sánchez de archivar el caso contra el fiscal general

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace el recurso presentado por la Abogacía del Estado en el que pedía el archivo de la causa abierta contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La APIF señala que el auto recurrido en súplica por Abogacía del Estado, en representación de Rodríguez, «únicamente asumió la competencia y designó instructor» y, por tanto, no cabe pedir el sobreseimiento porque «desborda la parte dispositiva de la resolución que se impugna».

El escrito de la APIF, firmado por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, añade que lo que pide Abogacía del Estado es que la Sala de Admisión del Supremo rebase sus competencias. «Dicha Sala por medio del auto impugnado se limita a confirmar que existen indicios de delito contra un aforado propio y por otro lado, que hay una conexión inescindible con otra aforada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, razón que hace que asuma la competencia de investigación de los dos aforados», abunda el escrito.

Los letrados de la APIF explican que los servicios jurídicos del Estado deberían haber dirigido su solicitud al TSJ de Madrid o, en su caso, al magistrado que se ha designado como instructor por esta Sala y no a la propia Sala de Admisión. «En conclusión, el auto de asunción de una exposición razonada no podría ser recurrido por los motivos que se alega por la Abogacía del Estado por rebasar las competencias de la Sala de Admisión decidir si hay o no indicios de delito», añade.

La Abogacía del Estado indicaba en su recurso que las premisas que sustentan los indicios de culpabilidad que recaen sobre su mandante, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal general no respetan «la realidad de los hechos documentados en la presente causa». Señalaba también que existe un «evidente y manifiesto error» en la afirmación de que tanto García Ortiz como Rodríguez son sospechosos de filtrar el correo del 2 de febrero entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

La Abogacía del Estado argumentaba que esa sospecha se sustenta en que tuvieron acceso a ese correo «en su caso, además, con el objeto de colaborar en la elaboración y difusión de la nota de 14 de marzo», en la que la Fiscalía trataba de desmentir informaciones publicadas en varios medios.

«Además, (…) las primeras publicaciones en prensa que contienen información literal del contenido del referido correo de 2 de febrero, y que presupone su conocimiento y acceso a su contenido, se producen antes de que se remitiera a mi mandante, por Julián Salto -el fiscal del caso-, los referidos correos», especifica.

Tras repasar las horas concretas del 13 de marzo en las que varios medios publicaron textuales de ese correo, la Abogacía del Estado explicaba que esas noticias debieron haber sido objeto de análisis por el Supremo tras recibir la exposición razonada, «y en cambio, han sido obviados en su conclusión del presupuesto culpabilístico que determina la apertura del procedimiento» frente a Pilar Rodríguez.

En este sentido, resaltaba que los primeros medios de comunicación que filtraron el contenido de los correos que mantuvieron el letrado de la defensa de González Amador y el fiscal Salto, «según se desprende del tenor literal de los artículos, obtienen la información de fuentes cercanas a la defensa». Y lamentaba que «las confrontaciones políticas que justificaron que este asunto saltara a los medios de comunicación y a la prensa» haya sido ignorada «al valorar los eventuales beneficiarios de esa difusión tergiversada, máxime cuando también está acreditado que parte de estas difusiones previas, provenían del entorno de la defensa».