Fiscales advierten de los problemas que podrá acarrear para Estrasburgo la acusación de la Abogacía del Estado

Fiscales han advertido este viernes de los futuros problemas que puede generar la acusación por sedición de la Abogacía del Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el proceso independentista en Cataluña, sobre todo de cara a un posible procedimiento en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

«Nos preocupa de cara a futuro», ha manifestado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, por lo que ha asegurado que el cambio sustanciado por la Abogacía del Estado al descartar la rebelión y pedir condenas por sedición y malversación para los líderes del denominado ‘procés’ no le «convence».

La fiscal cree que si finalmente hay una condena por rebelión y los acusados deciden recurrir ante el tribunal de Estrasburgo, para la Abogacía del Estado sería contradictorio defender allí los intereses de España –como parte personada en estos procedimientos– si en el juicio en el Supremo defendía la sedición.

Dexeus ha admitido que ha sentido «cierta decepción» al leer el escrito de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, el cual rebaja sustancialmente las penas solicitadas con respecto al informe de la Fiscalía. Mientras que la primera pide condenas de entre 7 y 12 años de prisión, la segunda eleva hasta 25 la pena máxima.

En su opinón, esta disparidad de criterios deja en evidencia la «separación efectiva» que existe entre el Gobierno y la Fiscalía, pero no entre el primero y la Abogacía del Estado, lo cual arroja, para el Foro Judicial Independiente, «serias dudas» de que haya habido una intervención del Ejecutivo.

La presidenta de esta asociación, Concepción Rodríguez, considera que el Gobierno «debería mantenerse alejado del Poder Judicial» para que éste sea independiente de forma efectiva y «respetar la separación de poderes». Por eso, cree que la Abogacía del Estado tendría que explicar su «cambio de criterio» a la hora de acusar por sedición y no por rebelión a los dirigentes del ‘procés’.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) reconocen a Europa Press que el escrito de la abogada del Estado no ha resultado una «sorpresa», sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones políticas que se han escuchado en los últimos días. Sin embargo, piden «prudencia» y esperar porque es la Sala Segunda del Supremo la que debe enjuiciar los hechos y les dará la calificación jurídica que considere.

Del mismo modo opinan en Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que recuerdan que es el tribunal enjuiciador el que valorará los hechos y llegará a una conclusión. Sí admiten que la cuestión de que existiera o no violencia durante el proceso independentista, que es lo que separa sedición de rebelión, es «discutible», pero insisten en que será en la vista oral cuando se dilucide el dilema.