La fiscal antidroga de la Audiencia: «Urge recuperar un órgano coordinador contra el narco»
La fiscal de sala jefe antidroga en la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, reclama más medios para la lucha contra el narcotráfico. Tras la intensa polémica por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, la máxima responsable de la Fiscalía Especial Antidroga ha escrito unas propuestas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En concreto, pide recuperar una instancia de coordinación en materia de lucha contra la droga que existió y ha desaparecido. Se trata de una coordinación interinstitucional que se ha liquidado como también ha ocurrido con el OCON Sur (el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico).
Por otra parte, Morán subraya la «urgencia» de tipificar la actividad de los petaqueros, es decir, las personas que llevan gasolina a las narcolanchas. Se trata de una actividad que consiste en llevar litros y litros de gasolina en embarcaciones destinadas a los traficantes de droga. Varias fuentes consultadas por OKDIARIO muestran su sorpresa porque cuando los agentes de Guardia Civil intercepta estas barcazas no pueda hacer nada.
La sensación generalizada entre los jueces y fiscales que luchan contra la droga es que cada vez hay más droga en la calle. Las técnicas de los narcotraficantes se hacen más sofisticados y los medios en el Estado son los mismos.
Fuentes consultadas alertan de que es posible que llegue a España el reparto a domicilio de drogas ilegales. Ven con preocupación que en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, hay carteles por las calles donde se promocionan sistemas de delivery de marihuana y otras sustancias. La fiscal antidroga alerta de que España es el primer productor de cannabis de Europa y pide mejorar su regulación. También reclama campañas institucionales para advertir de los peligros ante la «banalización» en el consumo. Además, alerta de que «es difícil introducir tanta droga en los Puertos sin colaboración desde dentro». Reclama más esfuerzos en evitar la corrupción en las Fuerzas de Seguridad, los funcionarios y los trabajadores.
En España alertan de que está creciendo el consumo de drogas como la cocaína –también en su versión rosa– o el chemsex –el consumo de sustancias peligrosas durante largas sesiones de sexo, que pueden durar horas, o incluso varios días–. Por el contrario, por ahora no preocupa el fentanilo que causa estragos en EEUU. Actualmente, la Sanidad española controla al dedillo a los pacientes a los que se les receta y no hay previsión de que esa sustancia llegue a las calles y provoque la crisis de personas que parecen zombies en las aceras de ciudades como Chicago, Detroit y Philadelphia.
Las sustancias, además que desde Marruecos, llegan de América del Sur, sobre todo, de Ecuador y Colombia. No obstante, la colaboración internacional está mejorando con las autoridades de ese continente. Semana a semana se desarrollan operaciones en las que se intervienen cientos de kilos y se realizan detenciones. Aunque es difícil saber cuántas operaciones de narcotráfico se quedan sin interceptar, las cantidades en las calles de España cada vez es más. Preocupa que los jóvenes no saben lo peligrosas que son esas sustancias y a qué se exponen.
Operación con policías infiltrados
Como muestra, un botón. Tal como adelanta OKDIARIO, una de las últimas condenas que ha tramitado la Audiencia Nacional tiene relación con el cártel colombiano de Los Boyacos. La Sala de Apelaciones, en una sentencia de la que ha sido ponente Enrique López, ha confirmado las penas que van de 1 año y 6 meses a los 12 años de cárcel a 15 miembros de esa organización. A ello se suman una multa de 34,6 millones de euros –valor estimado de la cocaína intervenida en el mercado–. Gracias a la infiltración de policías y la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU en 2016 se logró interceptar 2.000 kilogramos de cocaína que llegaron a España para su «posterior distribución y comercialización».
La sentencia recoge que para el manejo del producto que llegaba a España el cártel envió a dos personas que respondían a los alias de el loco y el mono. La Justicia concluye que eran responsables de la comercialización y distribución del cargamento y tenían cierta autonomía, pero «no eran los máximos responsables de la organización propietaria de la droga».
Con la droga ya en España y bajo custodia policial, los narcotraficantes continuaron con sus labores de coordinación para repartir la misma sin conocer que en realidad estaba en poder de la Policía. Se organizaron varias reuniones en centros comerciales para concretar la distribución de los fardos que, en realidad, no contenían cocaína. Los agentes encubiertos en la operación hicieron el cambiazo por una sustancia inocua y permitieron detener a una parte de los miembros de la red.
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