El Fiscal acuerda archivar la causa sobre el ático que compró Ignacio González
La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona en relación con un ático que compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Marbella junto con su esposa en diciembre de 2012.
El fiscal ha tomado dicha decisión después de comprobar que tras la investigación efectuada no hay indicios suficientes que puedan apoyar la imputación de Ignacio González, su esposa, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, según han informado a Efe fuentes judiciales.
«Se han agotado las posibilidades de continuar con la investigación de la causa referente a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales», según mantiene el ministerio público, por lo que entiende que entiende que hay que archivar el caso como habían solicitado las defensas de los investigados.
La causa del ático de Marbella se comenzó a investigar tras la denuncia formulada en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad norteamericana Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático, en una urbanización de lujo, en la denominada «Milla de Oro».
Las distintas comisiones rogatorias internacionales libradas por el Juzgado instructor tendentes a obtener información patrimonial de las entidades investigadas, así como sus cuentas bancarias y los activos patrimoniales de su titularidad, «poco o nada han aportado a la investigación de los hechos».
Ignacio González siempre ha admitido que compró el ático de Marbella donde veraneaba y que fue en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y, previamente fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.
El 80% de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el expresidente de la Comunidad.
Para el fiscal está acreditado como financiaron la compra el matrimonio «quienes utilizaron para ello dinero no sospechoso», según informe de la policía judicial.
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