La familia Franco pide a Pablo Casado que recurra la exhumación ante al Constitucional
La familia Franco pide a Pablo Casado y a su grupo en el Congreso y el Senado que frene en el Constitucional la exhumación. Los nietos del dictador siguen sumando acciones contra el decreto del Gobierno de Sánchez para sacar los resto mortales de Franco del Valle de los Caídos. El último paso es un triple escrito remitido por la familia a la Presidencia del PP y al grupo ‘popular’ en el Congreso y el Senado para que a través del necesario peso en las Cámaras se recurra ante el Constitucional.
La petición de la familia se convierte, de este modo, en una extensión del escrito remitido al Defensor del Pueblo donde igualmente se le solicitaba la presentación de un recurso ante el Constitucional con el propósito de anular el real decreto de la exhumación de Francisco Franco, documento que adelantó este diario.
El nuevo escrito cuenta con el respaldo, igualmente, de los Martínez Bordiú y Franco, que denuncian que se ha utilizado la figura del Real Decreto Ley por parte del Gobierno cuando la realidad es que no se dan los requisitos para aplicar esa fórmula. Y no se dan porque existe una «falta de urgencia» del decreto presentado por el Gobierno de Sánchez y ese factor de urgencia es absolutamente necesario para que el uso del Real Decreto cumpla los requisitos exigidos por la Constitución Española.
«Fue inhumado hace 43 años»
Los nuevos escritos, a los que también ha tenido acceso OKDIARIO, denuncian por lo tanto la consecuente inconstitucionalidad de la acción adoptada por Pedro Sánchez y, por lo tanto, reclaman al Congreso, Senado y al PP que tomen cartas en el asunto y trasladen el caso de inmediato al Tribunal Constitucional.
La argumentación de la familia deja constancia expresa de que «como es público y notorio» el cadáver del dictador fue «inhumado […] hace casi cuarenta y tres años».
Y explica que «la forma jurídica utilizada por el Gobierno para proceder a la exhumación de los restos mortales del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, anterior jefe del Estado español, ha sido la del Real Decreto Ley». Por lo tanto, y según el artículo 86 de la Constitución Española, debe acreditarse la «extraordinaria y urgente necesidad» del citado acto. Pese a esta exigencia constitucional, según la familia y su equipo jurídico, en ningún momento se acredita esa urgencia.
El equipo jurídico de la familia Franco recuerda que «la doctrina del TC exige […] estar en una situación excepcional que justifique la arrogación por parte del poder Ejecutivo de la facultad de dictar una norma con rango de ley, propia del legislativo. Y señala que, en este caso concreto y visto lo visto, no se puede entender en modo alguno que concurra tan presupuesto».
Condiciones que no se dan, según su criterio, «puesto que las resoluciones e informa en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata (como lo demuestra el hecho de que lleven años sin ser implementados)».
La acción de los Franco demuestra una vez más que la familia no va a ceder ante las presiones del Gobierno, que no tiene ninguna intención de facilitar los propósitos del Gobierno de trasladar los restos del dictador y que, en caso de seguir adelante, están dispuestos incluso a defenderse con acciones más contundentes como la querella directa por prevaricación.
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