La familia Franco pide al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional la exhumación

La familia pide por escrito al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional el real decreto de la exhumación de Francisco Franco. En un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, los Martínez Bordiú y Franco denuncian la «falta de urgencia» del decreto presentado por el Gobierno de Sánchez, su consecuente inconstitucionalidad y, por lo tanto, reclaman al Defensor del Pueblo que tome cartas en el asunto y traslade el asunto de inmediato al Tribunal Constitucional.

El abogado que ha presentado la súplica al Defensor del Pueblo es Luis Felipe Utrera Molina. Y él, “en representación” de Carmen, María de la O, María del Mar, José Cristóbal, María Aránzazu y Jaime Felipe Martínez Bordiú y de Francisco Franco Martínez Bordiú, han depositado este mismo lunes el documento que hoy muestra este diario con fecha de registro del “3 de septiembre”.

En el documento presentado la familia deja constancia expresa de que “como es público y notorio” el cadáver del dictador fue “inhumado […] hace casi cuarenta y tres años”.

El escrito explica que “que la forma jurídica utilizada por el Gobierno para proceder a la exhumación de los restos mortales del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, anterior jefe del Estado español, ha sido la del Real Decreto Ley”. Y que, por lo tanto, y según el artículo 86 de la Constitución Española, debe acreditarse la “extraordinaria y urgente necesidad” del citado acto. Y que, pese a esta exigencia constitucional, según la familia y su equipo jurídico, en ningún momento se acredita esa urgencia.

“El Gobierno busca justificar su decisión en una solicitud contenida en un informe (no vinculante ni ratificado posteriormente) emitido en 2014 (esto es, hace más de cuatro años) por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias”, señala el escrito. Y añade que “el Real Decreto Ley se ve obligado a reconocer que la situación actual ha sido tolerada por largo tiempo, que es de carácter estructural y que dura décadas”.

La súplica al Defensor del Pueblo recuerda en ese momento que “la doctrina del TC exige […] estar en una situación excepcional que justifique la arrogación por parte del poder Ejecutivo de la facultad de dictar una norma con rango de ley, propia del legislativo. Y señala que, en este caso concreto y visto lo visto, “no se puede entender en modo alguno que concurra tan presupuesto”.

Y no se san, según su criterio, “puesto que las resoluciones e informa en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata (como lo demuestra el hecho de que lleven años sin ser implementados).

Por todo ello, los Franco reclaman al Defensor del Pueblo que interponga “recurso de inconstitucionalidad en el plazo legalmente establecido” contra el decreto de exhumación de Franco.

Se trata de la primera respuesta directa al Gobierno tras haber aprobado el decreto. Y del primer aviso de la familia Franco que, como adelantó OKDIARIO, anunció ya su negativa tajante a la exhumación y la preparación de acciones legales para frenar la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos.