Europa investigará los 379 crímenes de ETA sin resolver con el voto en contra de PSOE y Podemos

El Gobierno socialcomunista no quiere que se investiguen los crímenes que quedan por resolver de la banda terrorista ETA. Así quedó reflejado después de que el Parlamento Europeo haya acordado enviar a País Vasco una misión para investigarlo gracias a una propuesta de Ciudadanos rechazada por PSOE y Podemos.

La misión tendrá como objetivo reunir información por los 379 crímenes cometidos por los etarras que aún están sin resolver. El calendario y la agenda del viaje están aún por definir, pero se pretende que se lleve a cabo en la segunda mitad de 2020 y permita a los eurodiputados verse con víctimas y autoridades policiales y judiciales.

La misión es el resultado del acuerdo de los coordinadores de grupo en la reunión a puerta cerrada celebrada antes del inicio de la sesión formal de la comisión parlamentaria en donde la presidenta de la misma, la ‘popular’ Dolors Montserrat, ha anunciado la decisión.

La propuesta, promovida por Ciudadanos a través de su grupo en la Eurocámara, Renovar Europa, ha contado también con el apoyo del Partido Popular Europeo y de los Conservadores y Reformistas europeos, en cuyas filas se encuentra Vox.

El PSOE votó en contra de esta misión porque dicen que el terrorismo ya ha acabado en España, que ETA ya no existe y que esta visita es innecesaria. Lo mismo creen Podemos y los nacionalistas socios de Pedro Sánchez, que también se han negado a respaldar la petición.

Este asunto llegó a la comisión europarlamentaria por una queja del representante de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, que ya expuso la situación ante los eurodiputados en 2017 y 2018 y apuntó la conveniencia de que los eurodiputados visitaran España.

Rodríguez Arias alertó entonces a la Eurocámara de que los 379 asesinatos sin resolver supone que los autores de cerca de la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista no han sido juzgados por sus actos y criticó que las autoridades españolas «no hayan cumplido con su deber de llevar a cabo investigaciones oficiales, efectivas e independientes» para que los responsables sean perseguidos y las familias de las víctimas compensadas.