Estado de alarma: el arma contra el coronavirus que el Gobierno necesita para limitar la movilidad

El Gobierno declara el estado de alarma en España. Se trata de la medida extraordinaria más leve y menos restrictiva de los derechos de los ciudadanos y que la Constitución reserva para escenarios extremos, como epidemias o contaminaciones graves. Regulando su aplicación, a través de un decreto ley, el Ejecutivo en Consejo de Ministros extraordinario, recupera competencias transferidas a las comunidades autónomas, como la Sanidad Pública, para paliar la actual emergencia sanitaria del coronavirus, durante un máximo de 15 días.

La ley obliga al Gobierno a informar de manera constante y actualizada al Congreso de los Diputados, ya que se trata de una situación atípica. Sólo la cámara parlamentaria puede autorizar cualquier prórroga sobre el plazo inicialmente previsto que, en caso de necesidad, el Consejo de Ministros debe solicitar transcurridos 10 días desde la aplicación de la medida.

Su objetivo último es restablecer la normalidad de la vida del país -fijando un mando único entre las distintas administraciones- y requisar temporalmente todos los recursos públicos y privados que sean necesarios para hacer frente a la demanda logística. Esto es, ampliar a los profesionales y los centros hospitalarios privados la obligación de ponerse al servicio de las autoridades sanitarias para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.

El Gobierno también puede intervenir u ocupar de forma provisional instalaciones y locales privados de todo tipo -industrias, fábricas, talleres,…- con una única excepción: los domicilios privados. Y siempre dando cuenta de todo ello a los Ministerios interesados.

¿Cómo nos afecta?

El estado de alarma permite al Gobierno limitar la circulación o la permanencia de personas o de vehículos en ciertos lugares y horas o restringirlas al cumplimiento de determinados requisitos, en todo o en parte del territorio. El Ejecutivo asume una amplia discrecionalidad para fijar las condiciones en las que han de desarrollarse los desplazamientos.

La ley también establece que se podrá limitar o «racionar» el uso de servicios «o el consumo de artículos de primera necesidad». Por el mismo motivo, incluye dar las órdenes oportunas para garantizar el correcto abastecimiento e imponerse las medidas que se incluyen en las normas y protocolos previstos para luchar contra las enfermedades infecciosas.

Sanciones

En estas circunstancias, el Gobierno puede sancionar a todos los que desobedezcan las normas impuestas o incumplan sus indicaciones. Las sanciones serán proporcionales a la infracción cometida, en cada caso, y se impondrán según lo previsto en las leyes.

Si quienes desobedecen son autoridades o funcionarios públicos pueden enfrentarse la suspensión inmediata en el ejercicio de su cargo.

Una vez establecida la alarma, tanto los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los funcionarios públicos y los trabajadores de las Administraciones quedan a disposición de lo que decidan las autoridades competente que puede imponer servicios extraordinarios.

Todos los cuerpos policiales han estado recibiendo comunicaciones y manteniendo reuniones de urgencia, este viernes, ante la previsión del anuncio de nuevas medidas de control del coronavirus, como el estado de alarma. Policía Nacional y Guardia Civil han sido puestos en alerta y se les ha comunicado que deben prepararse ante una eventual cancelación de sus permisos y libranzas.