Los equipos jurídicos de Sánchez alertaron de las dudas legales de la reforma de la luz

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 20/09/2021 06:45
  • Actualizado: 20/09/2021 08:38

Las eléctricas anticipan una batalla legal contra la reforma de la luz de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno anuncia la reforma reconociendo abiertamente que pretende “detraer” beneficios de las energéticas. Las compañías aseguran tener todas las bazas para demostrar ante los tribunales que se trata de una expropiación ilegal. Y los propios equipos jurídicos del Gobierno advirtieron al presidente de que la norma reviste dudas sobre su legalidad. Todo un cóctel explosivo que puede acabar en los tribunales y en un pago posterior. Pero, claro, si es dentro de tres o cuatro años, Sánchez habrá logrado su objetivo: que se pague con el siguiente Gobierno. Problema aplazado.

El plan de Pedro Sánchez para bajar el precio de la luz detrayendo beneficios de las eléctricas ya tiene fórmula: reducir el pago eléctrico de familias y negocios en la tarifa mensual que abonan por la electricidad y financiar esa pérdida de ingresos por dos vías. La primera, trasladando esos costes al gas, gasolinas y las propias eléctricas por medio de un Fondo de Sostenibilidad, que, automáticamente y de forma obvia, trasladarán a los consumidores, en la medida de lo posible, en cada uno de los productos citados.

La segunda vía es menos alambicada, pero más delicada desde el punto de vista legal. El Gobierno ha regulado unos pagos, a modo de impuestos, para que las denominadas “centrales inframarginales no emisoras” -nucleares e hidroeléctricas- paguen cada vez que el precio sobrepase unos niveles prefijados por el Gobierno.

Por si fuera poco, el pago que se hacía a estas centrales por no emitir CO2 desaparece.

Cobro retroactivo

Traducido: las vías de vaciado de beneficios a las eléctricas crecen. Y, todo ello, pese a haber realizado esos beneficios en base a un texto legal vigente.Y ese aspecto fue advertido por los asesores jurídicos del Gobierno en las reuniones técnicas de elaboración de la norma. Porque, como los propios asesores señalaron en el transcurso de las reuniones, despierta dudas debido a la posible consideración de un cobro retroactivo, de una expropiación de beneficios.

El criterio político, sin embargo, se impuso. Y es que, en el peor de los casos, Sánchez también sale ganando: logra tres o cuatro años -hasta que se dirima el conflicto judicial en una posible reclamación ante los tribunales por parte de las eléctricas- y tras ese tiempo, no sería extraño que quien tuviera que asumir el pago del Estado fuese otro Gobierno y de otro partido.
Las eléctricas, de hecho, afirman que los beneficios bombardeados son los generados de forma previa a la reforma y que, por lo tanto, se trata de una expropiación sin indemnización. Es decir, de un acto ilegal.

El texto que regula el nuevo golpe fiscal es el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Y allí se señala que “otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado”.

La evolución de la cotización de los derechos de emisión en el mercado europeo muestra valores superiores a los 60 €/ton, e incrementos del 120% respecto al valor de hace un año. El precio del gas natural es determinante en la fijación del precio del mercado diario, y es que su efecto es multiplicador (aproximadamente, un incremento de un euro/MWh del gas supone un incremento de dos euros/MWh de electricidad), frente al precio del CO2, cuya señal se traslada al precio de la electricidad de una forma más atenuada (un incremento de 1 euro/tCO2 supone un incremento de 0,37 euros/WMh el precio de la electricidad, dado el factor de emisión específico del ciclo combinado).

Traslado de costes

Esta situación se conjuga con un modelo de mercado marginalista que establece que todas las instalaciones de producción que funcionan en una determinada hora perciben el mismo precio, correspondiente al ofertado por la última instalación que entre en el mix de energías para abastecer la demanda en dicha hora. Y el último que entra es el gas natural, trasladando sus costes a todo el resto de fuentes de energía.

El Gobierno afirma que “en este contexto, resulta evidente el diferencial entre costes de generación de beneficios de instalaciones no emisoras e inframarginales. Y si bien esta circunstancia es el resultado natural del diseño marginalista del mercado antes expuesto, es imprescindible incorporar instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de los mercados de materias primas, limiten de manera temporal el exceso de retribución obtenido por dichas instalaciones en detrimento de todos los consumidores”.

Y, por todo ello, Sánchez quiere imponer “la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras, por un importe proporcional al valor de la cotización del precio del gas natural en el mercado ibérico de gas”. Este instrumento resultará de aplicación “hasta el 31 de marzo de 2022, momento en el cual se espera que la cotización del referido hidrocarburo haya vuelto a valores promedios observados en los últimos años”, según el Ejecutivo.

El Foro de la Industria Nuclear Española expresó el pasado martes su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 y al Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros para reducir el precio de la luz, y aseguró que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares sostienen en un comunicado que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. El Foro Nuclear esgrime que el parque nuclear español soporta una «excesiva presión fiscal», que unida a las nuevas medidas del Ejecutivo, pueden llevar a la «inviabilidad económico-financiera» y el consecuente «cese anticipado de la actividad». Además, recuerda que el sector tiene previsto realizar una inversión de 3.000 millones de euros hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035.

Las nucleares destacan que el proyecto de ley pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las instalaciones que operan desde antes del 25 de octubre de 2003, antes de que la Unión Europea (UE) estableciera el mercado de derechos de emisión de CO2. Las nucleares han recordado que funcionan con autorizaciones que se renuevan periódicamente, algunas de ellas concedidas de manera reciente y de acuerdo con los criterios de asignación de derechos de emisión establecidos por la UE.