Dictan una orden de busca y captura contra Txapote por el asesinato del juez Querol

La Audiencia Nacional ha dictado una orden de busca y captura y una orden europea de detención contra los etarras Javier García Gaztelu (alias Txapote), Juan Luis Rubenach, Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi (Jon) por su participación en el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol en el año 2000.

Una decisión que ha tomado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras la presentación de un informe de inteligencia de la Comisaría General de Información (CGI) que señala que el comando Buruhauste de ETA, responsable del asesinato con coche bomba del juez, cumplía órdenes del Comité Ejecutivo.

En el citado documento, la Policía apunta que la banda tenía una estructura jerarquizada y en sus conclusiones aseveran que ese comando «siguió las instrucciones de sus responsables militares» y, además, se encargó de desplegar «la estrategia militar planificada por ETA en la capital de España durante el tiempo que permaneció activo (octubre de 1999-noviembre de 2001)».

El informe apunta que cuando se produjo el atentado, según se desprende de declaraciones de miembros de ETA, sentencias judiciales y documentos internos de la banda terrorista, los máximos responsables de cada estructura eran Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi y Ainoa Múgica Goñi en el Aparato Militar; Ignacio Miguel Gracia Arregui y Asier Oyarzabal Chapartegui en el Aparato Logístico; Mikel Albisu Iriarte y Vicente Goicoechea Barandiaran en el Aparato Político; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi en el Aparato Internacional; y Maria Soledad Iparraguirre, en el Aparato Finanzas.

Según la CGI, estos integrantes de la cúpula tenían también la función de elegir a los miembros que integraban los comandos de liberados, su área geográfica de implantación y objetivos contra los que atentar. «En este caso, su decisión fue la creación del comando Buruhaste para que desarrollase su actividad criminal en Madrid desde finales de 1999, hasta que fue desarticulado el 06/11/2001», asevera.

Al hilo, remarca que los miembros la cúpula se encargaban también, a través de las estructuras que estos dirigían, de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados.

La ETA «piramidal»

Al igual que otros informes policiales presentados en causas como la de Miguel Ángel Blanco, en este la Policía dedica un apartado amplio a explicar que ETA era una organización «sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño».

«Este responsable les trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo», señala para añadir que la estructura era «muy cerrada y casi de naturaleza militar», y que cada miembro de ETA dependía de un responsable y ese de otro superior, «en una cadena piramidal».

Y en este contexto, concluye la Policía que todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo y que las órdenes de cada responsable se acataban «en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo o ZUBA».

A esto suma que en la banda «regía una férrea disciplina» mediante la cual se trataban de evitar traiciones, deserciones, delaciones, falta de observancia a las medidas de seguridad impuestas o posturas críticas, y recuerda que tanto las sanciones como las consecuencias era arbitrarias y que en alguna ocasión la medida disciplinaria fue la ejecución del militante.

En definitiva, el informe señala que la capacidad de elección que tenía un militante una vez decidía entrar en ETA era nula, y que su futuro e incluso su salida de la organización ya solo dependía de la cúpula.