Los ‘dedazos’ de Sánchez no se sostienen: los jueces tumban 8 nombramientos en sólo un año

Sin motivación, sin transparencia, sin concurso y, en algunos casos, incluso sin respetar la Constitución. La política de nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez no supera el filtro de los tribunales, que en el último año han anulado casi una decena de las designaciones a dedo del Ejecutivo socialista.

Los últimos, los de los directores generales de Deportes, Albert Soler Sicilia, y de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús María Martín Blanco, cuyos nombramientos a dedo no estuvieron lo suficientemente motivados. Es más, el Tribunal Supremo considera que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo socialista para sustentar su elección fueron «vagos y genéricos». Y no sólo eso. En una dura sentencia, los jueces sostienen que la justificación de Sánchez «no deja de ser manifestación de un tipo de literatura oficial que, en tono solemne, emplea muchas palabras para decir muy poco».

Se refiere así el Alto Tribunal a la falta de motivos que expliquen el porqué tanto Soler Sicilia como Martín Blanco pasaron a ocupar un puesto que está reservado a funcionarios de carrera salvo en «circunstancias excepcionales» que, en este caso, no concurrían.

Estas especiales características tampoco se cumplían en el caso de altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyos nombramientos fueron anulados por el Tribunal Supremo hace apenas cinco meses. En diciembre de 2021, los jueces criticaron que la elección discrecional de María Teresa Pérez como directora general del Instituto de la Juventud y de Gabriel Castañares como director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030 estuvo «injustificada».

No obstante, ninguno de los dos dejó por ello de ejercer sus funciones, por las que perciben un salario anual de más de 80.000 euros cada uno. El Gobierno esquivó la sentencia vía decreto, al aprobar de nuevo su nombramiento con una justificación más extensa.

AEPD

A estos cuatro nombramientos deben sumarse, además, los dos correspondientes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que el Tribunal Supremo ordenó paralizar al considerar que el proceso iniciado por el Gobierno para la renovación de la cúpula de este organismo público estaba «viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente». 

En concreto, según la sentencia de marzo de este año, el Ejecutivo socialista ignoró que la normativa vigente exige una selección concurrencial, pública y transparente que, para el Tribunal Supremo, en realidad fue sólo «mera apariencia».

‘Decretazos’

Pero la falta de justificación no es el único defecto del que adolecen los nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez. En julio de 2021, el Tribunal Constitucional anuló el decreto ley que permitió el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE y criticó en su fallo el uso de decretazos para la adopción de decisiones importantes. Para el órgano de garantías, además, la utilización no sólo fue abusiva, sino que este caso contaba con la agravante de que el decreto ley sirvió para marginar al Senado en el proceso de designación.

Vía decretazo el Ejecutivo socialista también aprobó la designación de Pablo Iglesias como miembro de la comisión delegada para asuntos de inteligencia, el órgano de control del CNI. El Tribunal Constitucional tumbó este nombramiento en mayo de 2021 con Iglesias ya fuera del Gobierno y de la política.