España

Decenas de funcionarios contra el 155 empapelan la Generalitat con carteles de los golpistas

Empapelan los despachos de la Consejería de Justicia exigiendo la libertad de Mundó

Los funcionarios de las instituciones de Cataluña se están rebelando contra la aplicación del artículo 155 a través de movilizaciones en las calles y de carteles que piden la puesta en libertad de los golpistas catalanes. Los empleados públicos están empapelando las Consejerías del Govern con carteles en apoyo a los ex conselleres encarcelados y manifestándose en las calles.

En la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Viviendas se han colocado estos letreros en la fachada, pidiendo la excarcelación de Meritxell Borràs, ex consellera del Departamento que fue ingresada en prisión preventiva.

Borràs se encuentra en prisión junto a otros 7 ex conselleres del Govern por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Los que fuesen miembros de la Generalitat están siendo investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

«Libertad Meritxell Borràs, consellera de Gobernación y presa política del Estado español», reza el rótulo colocado por los funcionarios de la Administración.

En la Consejería de Agricultura del Govern también hay carteles pidiendo la libertad los ex conselleres encarcelados. También llaman «presos políticos» a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural que también se encuentran en prisión preventiva: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En concreto, aparece un cartel del ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que este mismo lunes pidió a la Audiencia Nacional su puesta en libertad tras acatar «expresamente» las medidas del artículo 155.

Salen a la calle para protestar contra el 155

Este mismo martes por la tarde, decenas de funcionarios catalanes acudían a la plaza de Sant Jaume para protestar contra las medidas del artículo 155. «Fuera ocupas de las consejerías», fue una de las consignas que gritaron los empleados públicos, en alusión las personas enviadas por el Gobierno central a las instituciones catalanas en virtud del 155.

Para estos empleados públicos, la aplicación del 155 ha supuestos una «clara vulneración» de sus derechos laborales. «Se está imposibilitando el funcionamiento normal de la administración y está teniendo consecuencias sobre la prestación de servicios», manifestó uno de ellos públicamente.

 

Varios sindicatos y asociaciones están movilizando en las últimas semanas a los funcionarios que están en contra de la aplicación del 155. Se trata de a Asamblea de trabajadores para la defensa de las instituciones catalanas (ADO), la ANC, la Intersindical-CSC, Servidores Públicos de Cataluña y Docentes por la República.

La asociación Servidores Públicos de Cataluña se creó tras la aplicación del 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Su objetivo es «asesorar» a los empleados públicos sobre las medidas de este artículo y en qué les afecta a ellos. La presidenta de esta entidad, Yolanda Hernández, insta a los funcionarios a «pedir órdenes por escrito, para dar más seguridad jurídica», entra otras cuestiones.