El CSIC desarrolló proyectos científicos por 182 millones que no ha cobrado: «Desconoce los deudores»

La Intervención General del Estado (IGAE) ha destapado más deficiencias graves en la gestión financiera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según revela su reciente informe de control financiero permanente. El documento, firmado por el interventor general Pablo Arellano en noviembre de 2024, pone de manifiesto una alarmante falta de control sobre los deudores del principal organismo público de investigación de España.

Según el detallado informe de 45 páginas, tras la migración de sistemas de información realizada en 2022, el CSIC contabilizó derechos pendientes de cobro por valor de 394 millones de euros, pero lo hizo sin detallar quiénes son los deudores. Durante ese mismo ejercicio, se produjeron cobros por 209 millones correspondientes a ejercicios cerrados, que tampoco fueron adecuadamente registrados para identificar qué deudas se cancelaban. Por tanto, quedan 182 millones por cobrar sin saber con exactitud quién tiene que pagar al CSIC.

«Actualmente, el CSIC no dispone de información fiable que permita conocer quiénes son sus deudores y por qué importe», señala tajantemente el documento de la IGAE consultado por OKDIARIO. Esta situación supone «un riesgo grave de impago y la no posibilidad de reclamar las deudas correspondientes, así como un riesgo de prescripción de derechos y la responsabilidad que eso conlleva».

Los problemas de gestión en el organismo dependiente de la ministra de Ciencia, Diana Morant (PSOE), no se limitan únicamente al control de deudores. El informe destaca que el organismo científico «no cuenta con un sistema de información fiable e individualizado de los gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación o contratos», lo que impide reflejar «una imagen fiel en las cuentas anuales». Esta deficiencia fue tan grave que generó una limitación al alcance en el informe de auditoría de cuentas.

Riesgo de impago

La falta de control tiene consecuencias directas en aspectos fundamentales como «la imposibilidad de un cálculo adecuado del remanente de tesorería no afectado, así como en el cálculo del porcentaje de deducibilidad del IVA soportado», según precisa el documento.

El informe también revela el considerable retraso del CSIC en la presentación de sus cuentas anuales. Mientras la ley establece un plazo máximo de tres meses tras el cierre del ejercicio (31 de marzo), el CSIC no formuló sus cuentas hasta el 23 de agosto, acumulando 145 días de retraso, el mayor entre todos los organismos públicos de investigación analizados.

Descontrol en las subvenciones

Otro aspecto preocupante señalado por la IGAE es el pago de cientos de miles de euros en intereses de demora y recargos de apremio. Estos pagos derivan «de incumplimientos en el plazo para reintegrar los importes no justificados de las subvenciones y préstamos recibidos». El documento puntualiza que esta situación «se corresponde con más de mil expedientes de gasto en el periodo analizado, lo que pone de manifiesto que la situación a corregir no es de carácter puntual».

El control de la IGAE detectó también irregularidades en la gestión del Real Jardín Botánico, una institución dependiente del CSIC. El informe documenta que, de los 561.549 euros recaudados en efectivo durante 2022 por venta de entradas, 144.022,50 euros «no fueron ingresados en la cuenta restringida de recaudación», sino que fueron entregados a una empresa privada sin papeles. No hay «negocio jurídico que soporte la realización de los citados abonos».

En el ámbito de la contratación, la situación tampoco es mejor. De los más de 160.000 contratos menores celebrados por el CSIC, sólo se ha publicado el 2,49%, lo que refleja un bajo nivel de transparencia. Además, la IGAE ha identificado «342 potenciales casos de fraccionamiento de contratos para evitar su licitación». También se han detectado 15 contratos ilegales del CSIC con su propio personal de su propia plantilla, lo que está totalmente prohibido.

Ante estas graves deficiencias, la Intervención ha emitido diversas recomendaciones, entre ellas la urgente «identificación contable de los deudores y la reclamación de todos aquellos derechos pendientes de cobro de forma inmediata», así como la revisión de diferentes procedimientos internos «en especial el procedimiento de ejecución de gastos y el procedimiento de gestión de reintegros de subvenciones o préstamos recibidos para atajar la pérdida de recursos públicos».

El informe oficial del ministerio de María Jesús Montero ofrece una panorámica preocupante sobre la gestión económico-financiera del principal organismo científico español, que gestiona anualmente más de 900 millones de euros y cuenta con más de 11.000 empleados distribuidos en más de 120 centros de investigación por toda España. Estas deficiencias en la gestión contrastan con la excelencia científica de una institución que acumula numerosos reconocimientos internacionales por sus investigaciones.