La adjudicación a Barrabés que apoyó Begoña violó la Ley de Contratos al carecer de comité independiente

La adjudicación del polémico contrato público a la empresa de Juan Carlos Barrabés impulsada por Begoña Gómez habría incumplido un requisito fundamental establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Según el informe de la Intervención al que ha tenido acceso OKDIARIO, la valoración técnica la realizó directamente el director de Economía Digital de Red.es, cuando la normativa exige expresamente que este tipo de evaluaciones las lleve a cabo «un comité de expertos no adscritos al órgano proponente» o «un organismo técnico especializado».

La documentación revela que la evaluación de los criterios técnicos dependientes de juicio de valor no siguió el procedimiento establecido por la ley. La Ley de Contratos del Sector Público es categórico al respecto.

«En el artículo 146.2 a) de la LCSP, la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor debió realizarse por un comité de expertos no adscritos al órgano proponente del contrato o por un organismo técnico especializado», establece claramente la normativa.

Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. La persona que evaluó las ofertas técnicas pertenecía al propio organismo contratante, lo que constituye una violación flagrante de los requisitos de independencia.

Otro punto del informe de la Intervención General del Estado resulta aún más esclarecedora sobre la magnitud de la irregularidad cometida. El análisis técnico que determinó la adjudicación del contrato no respetó los principios básicos de imparcialidad exigidos por la ley.

«Debe señalarse que la persona que, en el caso que nos ocupa, firmó el informe técnico de evaluación de las ofertas de los licitadores en relación con los criterios dependientes de un juicio de valor (Director de Economía Digital de Red.es) no podría haber formado parte del comité de expertos contemplado en el artículo 146.2 a) de la LCSP», especifica el documento.

Esta circunstancia evidencia que Red.es utilizó personal propio para realizar una función que, por imperativo legal, debía corresponder a expertos externos e independientes.

Comité inexistente

La ausencia del preceptivo comité independiente no fue casual, sino sistemática. La documentación constata que no sólo se prescindió de la evaluación externa, sino que se permitió que el mismo organismo que promovía el contrato fuera quien lo evaluara técnicamente.

Esta autodiagnosis institucional convierte la adjudicación en un proceso viciado desde su origen, donde Red.es actuó simultáneamente como solicitante, evaluador y adjudicador del contrato.

Las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en julio de 2020 fueron dirigidas a Red.es para apoyar la candidatura de la UTE formada por empresas de Barrabés. En su declaración judicial del pasado diciembre, la esposa de Pedro Sánchez trató de minimizar el alcance de estas misivas asegurando que «apoyaban un proyecto, y no a las empresas».

Sin embargo, el contenido de las cartas contradice esta versión. Una de ellas, titulada «Declaración de interés y apoyo de máster en captación de fondos», menciona expresamente: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa».

La comisión evaluadora otorgó a la propuesta de Barrabés una puntuación de 9,23 sobre 10, muy superior a las 17 empresas competidoras. El informe destacaba que la propuesta incluía «apoyo de instituciones» y «acuerdos con hasta 18 empresas relevantes del ámbito tecnológico».

Adjudicaciones bajo sospecha

Este contrato forma parte de un entramado más amplio que conecta a Begoña Gómez con Carlos Barrabés, empresario aragonés que ha obtenido contratos públicos por valor de 22,2 millones de euros de ocho ministerios diferentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

La relación entre ambos se gestó a través de la Universidad Complutense, donde Begoña Gómez codirige una cátedra y Barrabés actúa como «gurú» académico. Desde 2020, las empresas del conglomerado de Barrabés han sido adjudicatarias de al menos 13 contratos gubernamentales, todos relacionados con digitalización.

La conexión política se remonta a 2009, cuando David Cierco —director de Red.es que recibió las cartas de recomendación— ya trabajaba junto a Pedro Sánchez en las organizaciones sectoriales del PSOE. Ambos colaboraron en el partido bajo la órbita del exministro Miguel Sebastián.

Cierco admitió, además, en el Senado que conoce a Barrabés «desde hace más de 20 años» y que coincidió con Sánchez «trabajando en un programa electoral» socialista. Esta red de relaciones personales y políticas previa cuestiona la objetividad del proceso de adjudicación.

Lo que debía ser un proceso ejemplar de contratación pública se revela como un paradigma de cómo no deben hacerse las cosas en la Administración del siglo XXI. La confluencia de irregularidades procedimentales, recomendaciones políticas y evaluaciones parciales dibuja un panorama que dista mucho de los estándares de transparencia y legalidad que deberían caracterizar la gestión de los fondos públicos. El eco de esta controversia resuena ahora en los pasillos de los tribunales, donde la Justicia deberá determinar si hay consecuencias penales.