El Consejo de Estado vota que Gobierno y diputados sigan aforados en delitos cometidos en su cargo

El pleno del Consejo de Estado ha votado hoy a favor, casi con unanimidad, la propuesta de reforma de la Constitución promovida por el Gobierno para que los miembros del Ejecutivo, los diputados y los senadores tengan aforamiento en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El pleno, presidido por la presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado luz verde al dictamen redactado por la Comisión de Estudios después de una reunión de algo más de dos horas, han informado fuentes de la institución.

De la treintena de consejeros, solo uno ha votado en contra de la propuesta de reforma y del informe, que serán remitidos de inmediato al Gobierno, aunque éste no tiene previsto examinarlo en el Consejo de Ministros de mañana, viernes, han apuntado fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez encargó la redacción del informe el pasado 21 de septiembre para modificar los artículos de la Carta Magna (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

En su texto, que no es vinculante, el Consejo de Estado respalda que sigan aforados ante el Tribunal Supremo, pero solo si cometen delitos «en el ejercicio de las funciones propias del cargo», como planteaba el Ejecutivo, según las fuentes.

El órgano consultivo recuerda que la Constitución solo regula los aforamientos de los miembros del Gobierno y de los parlamentarios, no los de los diputados autonómicos, jueces, fiscales y miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado.

El dictamen plantea la conveniencia de que el Gobierno o las Cortes Generales impulsen cambios legales «en el plazo de un año» para «homogeneizar» el régimen procesal que regular los aforamientos.

«Tiene sentido que todos los aforamientos tengan los mismos parámetros, pero no hemos querido ir más allá de proponer un mandato para que haya una cierta armonización», explica a EFE un miembro del Consejo de Estado.

La reforma constitucional que plantea el Gobierno requiere del apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso, como en el Senado, por lo que requiere del apoyo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El Consejo de Estado aconseja al Ejecutivo buscar «el mayor consenso posible» para sacar adelante la reforma.

Esta recomendación, según las fuentes, responde a que partidos como Podemos ya han advertido de que si se cambia la Carta Magna, debería haber un referéndum en el que los ciudadanos deberían pronunciarse también sobre la inviolabilidad del rey.

Esta consulta se tendría que convocar si lo solicitase un diez por ciento de los diputados del Congreso (35), por lo que la formación morada dispondría de escaños suficientes para ello.

Una vez avalado por el órgano consultivo, el informe pasará ahora a manos del Gobierno, que pretende aprobar la propuesta de reforma constitucional antes de que termine noviembre, como se comprometió la semana pasada el presidente, Pedro Sánchez.

Aunque el Consejo de Estado enviará el dictamen al Gobierno a primera hora de mañana, viernes, el Consejo de Ministros no tiene intención de verlo, según fuentes de Moncloa, pero todavía dispone de otras dos fechas este mes (día 23 y 30) para aprobar la reforma.

Una vez que el Consejo de Ministros la apruebe, el deseo del Ejecutivo es que esté lista en dos meses desde que se inicie su tramitación en el Congreso.

Sánchez anunció su plan de limitar los aforamientos en el acto con motivo de los primeros cien días al frente del Palacio de la Moncloa celebrado el 17 de septiembre.

Cuatro días después, se solicitó el informe al Consejo de Estado para que lo tuviera listo en un mes.

Debido a lo ajustado del plazo, Fernández de la Vega solicitó al Gobierno una prórroga, que ha vencido hoy.

El informe ha sido redactado por la Comisión de Estudios del órgano consultivo, presidida por Fernández de la Vega y de la que también forman parte consejeros como Landelino Lavilla, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Fernando Ledesma.

El pleno del Consejo de Estado se reunió el pasado martes para deliberar sobre el borrador y después de los retoques introducidos por la Comisión de Estudios, hoy se ha sometido a votación.