Los consejeros del Govern no quieren verse inhabilitados y dejan solos a Puigdemont, Junqueras y Romeva

El temor a las inhabilitaciones y posibles consecuencias penales que conlleva firmar o apoyar el referéndum ilegal en Cataluña rompe el bloque independentista. Algunos de los consejeros que hasta esta semana apoyaban fielmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han dejado de confiar y mantienen que a la hora de licitar las partidas para el referéndum ilegal firmen únicamente Puigdemont, su ‘número dos’  Oriol Junqueras y el consejero de Exteriores, Raül Romeva.

Estos consejeros entre los que se encuentran el de Interior, Jordi Jané; de Enseñanza, Meritxell Ruiz i Sern; de Cultura, Santi Vila y de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, manifestaron en privado que dudan de las firmas que tendrían que aparecer en los documentos para habilitar el referéndum aunque lo apoyan plenamente, según las fuentes consultadas.

Los ocho consejeros restantes permanecen fieles a la hoja de ruta independentista, aunque alguno (en la reunión de urgencia en el Parlament convocada esta semana por Puigdemont) criticó la «falta de información» en los próximos pasos a seguir por estas fuerzas. El entorno del presidente de la Generalitat se vuelve cada vez más hermético harto de las filtraciones a los distintos medios, entre ellos OKDIARIO, sobre la hoja de ruta soberanista.

La escenificación por parte de ERC y el no querer dar la cara cuando se requiere firmar un documento susceptible de ser llevado al Tribunal Constitucional hacen pensar al resto de socios independentistas que el referéndum es, como ya publicó OKDIARIO en abril, una cortina de humo ante la convocatoria de elecciones. Sucedió con la disputa entre la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y Romeva con la ausencia de una firma en el decreto que valida el voto de los catalanes en el exterior.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido ha sido el de tramitar la nueva Hacienda catalana, pilar fundamental de la República, a través de los trabajos parlamentarios y no mediante un proyecto de Ley por el Gobierno catalán. Una gran mayoría de dirigentes temen las repercusiones del Gobierno con la excepción de Puigdemont, que ya dijo que no repetiría en su puesto, y la CUP que en una reunión privada señaló a los consejeros que abandonaran sus puestos si tenían miedo y se pondrían ellos para terminar la hoja de ruta separatista.

Contratación directa para las urnas

La crisis y la desconfianza por parte de estos dirigentes surgió esta semana tras quedar desierto el concurso de adquisición de las urnas para votar el 1 de octubre en la consulta ilegal. La excusa pública que dio la Generalitat fue que las empresas participantes no homologaron el último trámite en el proceso de adquisición quedando finalmente desierto. La consejería de Gobernación era la encargada de licitar este proceso, con Meritxell Borràs al frente.

La dirigente recibió recientemente la querella admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra ella y el entonces secretario general, Francisco Esteve, por desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos por haber firmado la publicación del acuerdo marco para homologar estas empresas.

El propio vicepresidente Oriol Junqueras se ofreció, antes de que el ejecutivo catalán declarara desierto el concurso público, hacerse cargo en solitario de la firma para culminar el proceso de adjudicación, con el fin de desbloquearlo. La idea no prosperó, pero puso de manifiesto las tensiones de las últimas semanas entre el PDeCAT y ERC.

Una de las soluciones que plantean ahora estas fuerzas, y después de que el procedimiento público haya quedado desierto, es la contratación directa mediante la adquisición de urnas de manera colegiada por acuerdo del consejo ejecutivo. La Generalitat se ampara en diferentes artículos de la ley estatal de contratos del sector público por el cual permite que el gobierno catalán adjudique un contrato «directamente después de efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos «.

Y el punto en concreto al que se aferran es cuando el texto asegura que «tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente «. «Las empresas no homologaron los requisitos imprescindibles en la oferta, por ello se podría aplicar», señala una de las fuentes consultadas por OKDIARIO.

ERC y la CUP admiten que llegará un momento en que, para seguir avanzando cuando haya un veto de los tribunales al decreto de convocatoria del 1-O, tendrá que haber actitudes de «desobediencia», y dudan de que aquellos altos cargos reticentes ya ahora a dar determinados pasos aguanten entonces la presión.