El Congreso gasta 1,6 millones en adaptar 8 salas a la traducción simultánea de las lenguas cooficiales
Armengol contenta a los socios separatistas y nacionalistas de Sánchez con este encargo por la vía urgente
La reforma abarca las salas Constitucional, Cánovas, Sagasta, Prim, Ernest Lluch, Pérez Llorca, Herrero y Fraga
El Congreso de los Diputados que preside la socialista Francina Armengol ha destinado 1,6 millones de euros a la contratación de un servicio de obras para renovar hasta 8 salas de la Cámara Baja a fin de facilitar la traducción simultánea de las sesiones en las comisiones parlamentarias tras la polémica reforma de la imposición de las lenguas cooficiales.
En concreto, el expediente -consultado por OKDIARIO- lleva por título «Suministro e instalación del sistema de conferencias de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y del equipamiento de interpretación remota y subtitulado en cinco salas del Congreso de los Diputados». La empresa adjudicataria ha sido Telesonic SA por un importe de 1.633.500 euros, impuestos incluidos. También concurrieron otras dos empresas.
A la hora de justificar la ejecución de dicho contrato por la vía de urgencia, la Mesa de la Cámara -controlada por PSOE y Sumar- indica que se ha optado por el «procedimiento acelerado debido a la necesidad de atender, a la mayor brevedad posible, lo dispuesto en el artículo 60.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, tras la reforma aprobada en septiembre de 2023», justo en el arranque de la legislatura. La imposición de las lenguas cooficiales en el Congreso formó parte del acuerdo de investidura sellado por el PSOE de Pedro Sánchez con Junts y ERC. Y Armengol sigue contentando a estos socios separatistas y a sus aliados nacionalistas.
En el caso de la Sala Constitucional, por ejemplo, los pliegos de contratación señalan que el nuevo «sistema de conferencias» contempla, entre otras características, la «integración de audio, vídeo, votaciones, identificación de delegados y traducción simultánea», además de estar «provisto de la última tecnología, al objeto de evitar su obsolescencia en un plazo de tiempo mínimo de 10 años».
Así, esta reforma abarca las salas Constitucional, Cánovas, Sagasta, Prim, Ernest Lluch, Pérez Llorca, Herrero y Rodríguez de Miñón y Fraga Iribarne. Y el plazo máximo de ejecución contemplado en los pliegos es de 6 meses desde la entrada en vigor del contrato, que fue formalizado el pasado 13 de noviembre.
Asimismo, los pliegos dicen que «la instalación se ejecutará en las salas de forma sucesiva, estableciendo en la primera fase la instalación de los equipos del sistema de interpretación remota y subtitulado en cinco salas de Comisión». En este momento, la sala Constitucional ya ha sido renovada, y los operarios se encuentran trabajando en la sala Sagasta.
El pliego de cláusulas administrativas remarca que «la necesidad que se pretende satisfacer mediante el presente contrato es dotar y, en su caso, renovar los sistemas audiovisuales, que comprenden los de audio, vídeo y debate o conferencia así como facilitar los medios materiales para la interpretación simultánea remota de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta y el suministro e instalación del equipamiento para posibilitar la interpretación simultánea remota y el subtitulado en cinco salas de Comisión (Prim, Ernest Lluch, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca y Fraga Iribarne)».
«Ello resulta esencial -prosigue el documento- para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados que establece que los Diputados tendrán el derecho de intervenir en las sesiones de las Comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas», subraya el texto.
Además, la empresa adjudicataria ha sido emplazada a impartir un plan de formación presencial a los técnicos de audiovisuales del Congreso sobre «todos los elementos esenciales para la correcta conducción y mantenimiento de las instalaciones».
Protesta de ex diputados a Armengol
En septiembre de 2023, cuando se acometió la polémica reforma del Reglamento para dicha imposición lingüística, más de medio centenar de ex ministros y ex diputados de distintos partidos, que pisaron en su día todas estas salas sin problema alguno de comunicación, dirigieron un escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para expresar su «rechazo» al uso «contrario a la Constitución» de las lenguas cooficiales en el Parlamento.
«Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», defendieron los firmantes del documento, que formaron parte de la Cámara representando las siglas de PP, PSOE, PP, UCD, CDS, y UPyD. Todos ellos calificaron la medida como «trágala inaceptable» por parte de la Presidencia del Congreso, y lamentaron que la relación entre iguales quedase supeditada «al uso de pinganillos».
Por parte del PSOE, mismo partido que el de Armengol y Pedro Sánchez, el escrito de denuncia contó con el apoyo de nombres relevantes como los de los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo. De igual modo, se unieron a la protesta los ex ministros José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela y Virgilio Zapatero. Además, la secundaron otros veteranos como Nicolás Redondo, Francisco Vázquez o Joaquín Leguina. También firmaron, junto a ellos, el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, y Tomás Gómez, ex senador y ex líder del PSOE de Madrid.
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