Colau mantiene como directora de Medio Ambiente a una imputada por delito ecológico

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mantiene como directora de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona a Imma Mayol, quien está imputada como autora de un delito contra el medio ambiente. En este cargo, Mayol cobra un sueldo público de 107.000 euros anuales, superior al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Imma Mayol fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ICV durante doce años, entre 1999 y 2011. Luego fue designada directora gerente de Emaya, la empresa pública municipal que gestiona la depuradoras del Ayuntamiento de Palma, cargo que ocupó entre 2015 y 2019.

Agentes de la Guardia Civil registraron el 16 de agosto de 2019 la vivienda de Imma Mayol en Barcelona, en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, en el que está imputada como autora de dos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y contra el medio ambiente que habría cometido durante su etapa al frente de Emaya.

La cargo de confianza de Ada Colau se negó a declarar ante los agentes, que accedieron al contenido de su ordenador y su teléfono móvil, siguiendo las instrucciones del juez. En la misma causa está imputada la actual concejal de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, que antes fue presidenta de Emaya, así como varios técnicos de esta empresa municipal.

La investigación tiene su origen en la denuncia que un particular, Santiago Fiol, presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos contaminantes de aguas fecales que la depuradora del Coll d’en Rabassa arroja en la bahía de Palma. El denunciante sostiene que durante los últimos años Emaya ha desviado a otros fines los ingresos que obtiene con la tasa municipal de agua, en vez de invertirlos en el mantenimiento de la depuradora para evitar nuevos vertidos contaminantes.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha entregado al juez un informe que constata que el emisario submarino que vierte las aguas de la depuradora carece de autorización desde 1989, tal como informó Gaceta Náutica el pasado 31 de octubre. La propia dirección de Emaya ha reconocido que entre 2014 y 2018 se han producido 220 vertidos contaminantes de aguas fecales desde la propia depuradora, que se colapsa cada vez que se producen lluvias intensas.

Como resultado de todo ello, la superficie de la pradera de posidonia se ha reducido en 205 hectáreas en el interior de la Bahía de Palma, entre 1989 y 2012. El Seprona constata que tanto el Govern balear como el Ayuntamiento de Palma son plenamente conscientes de estas irregularidades, y del daño ecológico causado, pese a lo cual nunca han impuesto ninguna sanción por los vertidos de la depuradora.

Al mantener como cargo de confianza a una imputada por malversación y delito ecológico, la alcaldesa Ada Colau vulnera el cógido ético de su partido, Barcelona en Comú. Este documento establece que «las personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación» deben comprometerse a renunciar o cesar inmediatamente de todos los cargos «ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».