Cientos de profesores cargan duramente contra las universidades catalanas por su apoyo a los golpistas

Carta abierta de unos 800 profesores universitarios de toda España dirigida a los rectores de las universidades públicas catalanas. En ella, critican duramente los manifiestos de esos centros a favor de la libertad de los presos y en contra de la sentencia del 1-O.

Los profesores dicen que están «radicalmente desacuerdo» con el contenido «aberrante» del manifiesto y defiende que los órganos de gobierno de las universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, que «en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas».

Es por esto que aseguran que «carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan».

«La libertad de expresión es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas y que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho fundamental, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución», defienden.

Los firmantes del manifiesto consideran «incompatible con la misión de la universidad tratar de contribuir a dibujar en la esfera pública un pensamiento único sobre cualquier tema, máxime cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social».

Josep M. Oller, catedrático de Estadística de la UB, Alfonso Ruiz Miguel, de Filosofía del Derecho de la Autónoma de Madrid, Luis Míguez Macho, de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, José María Rosales, de Filosofía moral y política de la Universidad de Málaga,  y María Teresa Martínez de Sas, catedrática jubilada de Historia Contemporánea de la UB, son algunos de los firmantes del documento.

Esta es la respuesta de cientos de profesores españoles al comunicado conjunto que emitieron las universidades públicas catalanas el 14 de octubre cuando se conoció la sentencia del 1-O. En ese comunicado las universidades expresaban su «indignación por la situación que se vive en Cataluña, así como nuestra preocupación por las circunstancias personales que viven las personas afectadas por la sentencia».

Las entidades públicas, que no deben posicionarse ideológicamente en ningún asunto, decían en su comunicado que apostaban por la vía del diálogo «en el marco de la cultura de la paz y contrario al uso de cualquier tipo de violencia». También añadían que las universidades son comunidades  que están formadas por personas de diferente ideología «donde todas las ideas y manifestaciones tienen cabida».