La Generalitat pagará 1.000 € al mes a 86 inmigrantes ilegales para que consigan la residencia
La Generalitat de Cataluña pagará contratos laborales de 1.000 euros a 86 inmigrantes en situación irregular, pero con un arraigo de al menos tres años en el Estado y dos años en Cataluña, en el marco de un plan piloto que se implementará a partir del año que viene en colaboración de las entidades sociales.
Lo ha explicado este miércoles el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, en rueda de prensa para presentar esta nueva línea de subvenciones para que entidades sociales puedan contratar a personas «en mayor situación de vulnerabilidad» y, así conseguir una autorización de residencia temporal.
El programa de formación y trabajo, cuya convocatoria de subvenciones tendrá lugar en septiembre, empezará a andar a principios de 2019 con vocación de continuidad y un presupuesto global de 1,5 millones de euros, y prevé que los contratos tengan una duración de un año.
«Somos conscientes de que no damos respuesta a todo un colectivo, pero introducimos un papel muy interesante de reconocimiento y ayuda» que priorizará a la población más vulnerable, especialmente si hay menores a cargo, ha subrayado el conseller.
Sobre el salario, ha argumentado que éste no podría ser inferior a los 1.000 euros, que es el sueldo mínimo que reivindica este departamento, en lo que El Homrani ha considerado un «gran acierto» de la exconsellera encarcelada Dolors Bassa.
«La idea es que desde la administración ayudemos a regularizar la situación de estas personas, y ayudemos a empoderarlas», ha defendido El Homrani, que ha considerado que estos ciudadanos que participan de la sociedad pero están siendo excluidos por una situación administrativa.
Balance a los primeros meses
También ha hecho balance de los primeros meses en materia de inmigración, en que se han atendido más de 13.223 consultas desde los servicios especializados de extranjería en un «servicio conocido y útil», y se han iniciado más de 629 expedientes de acompañamiento universitario.
Además, desde el departamento han realizado la tramitación de 6.000 informes para acreditar el grado de integración, ha expuesto el conseller, ante lo que el adjunto a la secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Carles Macian, ha evidenciado que ganan peso relativo los solicitantes de Honduras por la situación de inestabilidad que viven sus habitantes.
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