Los golpistas atrasan el juicio del 1-O con diez recursos diarios para negociar en plenas municipales

Oriol Junqueras
Oriol Junqueras ha deseado suerte a Quim Torra (Foto: AFP)
Carlos Cuesta

Los golpistas atrasan el juicio del 1-O con diez recursos por día para negociar en plenas elecciones municipales con Pedro Sánchez. La estrategia es más política que judicial. Y está muy clara: conseguir atrasar el juicio oral por el golpe separatista hasta hacerlo coincidir en pleno proceso electoral: el que se celebrará en primavera de 2019 y del que saldrá el signo político de todos los grandes ayuntamientos españoles y de buena parte de las CCAA. Se tratará, además, del primer reto electoral de Pedro Sánchez, que, aunque ha llegado al poder, no lo ha hecho avalado por las urnas, algo que le resta fuerza externa e interna.

Y ese es el momento que buscan los golpistas para forzar una negociación dura: una en la que pedirán avances claros en dirección a una consulta separatista consentida si Sánchez no quiere ver su primer reto electoral como presidente salpicado por la agitación separatista, el descontrol y la negativa a cualquier tipo de alianza municipal en Cataluña.

La acusación popular de Vox ha denunciado ya esta práctica descarada de pretender dilatar el proceso con todo tipo de recursos sin sentido por parte de las defensas de los golpistas. Recursos pensados exclusivamente para alargar los plazos y conseguir poner piedras en el camino del futuro juicio, de forma que los plazos de la sentencia lleguen a la cercanía de las elecciones municipales.

La práctica del retraso intencionado ha llegado al absurdo de estar registrando hasta diez recursos por día por parte de las defensas de los acusados del 1-O.

Y esa práctica, además, se está combinando con mensajes descarados de presión para intentar sacar a Vox de la acusación popular en el juicio. Y es que el objetivo de los separatistas no es otro que dejar al Gobierno y la Fiscalía solos en el tramo final para lograr que la presión social en las calles catalanas -y a través de Podemos en el Congreso y ayuntamientos- engrase la receptividad de Pedro Sánchez y éste, a su vez, incremente la presión sobre la Fiscalía de cara a dulcificar la petición final de penas.

Por eso en los últimos días los equipos jurídicos de Carles Puigdemont han presionado contra Vox: para favorecer un clima de presión sobre la Fiscalía -que mantiene la acusación pública- justo en un momento en el que Pedro Sánchez volverá a necesitar de pactos con los golpistas.

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