Carmena ignora la orden ministerial que obliga a actualizar el valor de los inmuebles de la EMVS

El Ayuntamiento de Madrid lleva desde 2012 sin actualizar el valor patrimonial de los inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Se trata de una denuncia del grupo municipal Ciudadanos lo denuncia y su portavoz, Begoña Villacís, lo va a llevar a la comisión de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad de esta semana.

El problema surgió ya el pasado 18 de abril cuando en el Consejo de Administración de la EMVS se informó de que dos auditorias advertían del peligro que existía trabajando en esta situación. Por una parte, una auditoria externa de Ernst & Young y, por otra, una interna realizada por el Intervención General del Ayuntamiento de Madrid.

Intervención en su informe definitivo de Auditoría Financiera de las cuentas anuales del 2016 recogía la necesidad de actualización de los activos de la empresa. Reflejan que existe la necesidad de valorar a día de hoy los inmuebles propiedad de la EMVS.

«Están trabajando sobre arenas movedizas ya que las cuentas podrían no estar ajustadas», lamentan desde Ciudadanos. Denuncian que el Consistorio está «ignorando año tras año esta exigencia y cada vez la situación es más peligrosa». Añaden que no les excusa que el PP también pasaba de hacer esta actualización de valores ya que Ahora Madrid ya ha insistido en que la labor del PP en la EMVS ha quedado «en entredicho».

«Graves repercusiones»

Según el informe de Intervención, este desconocimiento sobre los valores hace inviable poder comprobar si el Patrimonio Neto del balance es real o no. Las fuentes consultadas por OKDIARIO avisan de que esto puede tener «graves repercusiones» para a la empresa.

La desviación sería cada vez mayor y por tanto más peligrosa. La Corporación está haciendo oídos sordos a una obligación marcada en la Orden Ministerial EHA/733/2010 sobre la contabilidad de las empresas públicas.

Los bienes podrían estar valorados al alza y ello provocaría tensiones en las cuentas. Los del partido centrista advierten de que puede afectar a la salud financiera de la empresa pública y puede tener consecuencias en promesas como la de construir 4.500 viviendas públicas.

Una de las claves surge al comienzo de la legislatura con la batalla entre los concejales de José Manuel Calvo (Desarrollo Urbano Sostenible) y Marta Higueras (Equidad, Derechos Sociales e Igualdad) por las competencias de vivienda. Finalmente la también teniente alcalde se llevó con el gato al agua.

La Orden Ministerial obliga a las Corporaciones a actualizar los valores patrimoniales cada vez que haya circunstancias que apunten a que haya cambios significativos en los valores de los inmuebles. Desde luego, desde 2012, con la crisis inmobiliaria, se ha cumplido esta circunstancia.