Puigdemont activará un parlamento paralelo el día después de declarar ante el juez

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 24/10/2019 06:50
  • Actualizado: 24/10/2019 16:56

Los cargos electos separatistas están citados, el miércoles día 30 de octubre, para constituir un parlamento paralelo. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca para ese día a la Asamblea de Cargos Electos, bajo el paraguas del Consell per la República. A la práctica, dicen fuentes cercanas al ex presidente, el objetivo es montar una institución paralela a la cámara catalana, sin estar sujeta a la legislación española.

En la carta que esta misma tarde ha remitido Puigdemont desde Waterloo a todas las instituciones catalanas, el ex jefe del ejecutivo explica que el objetivo de la Asamblea de Cargos Electos es burlar la ley española, con un organismo cuya legitimidad está por ver, pero que tomará decisiones para avanzar hacía la República.

Puigdemont, como máximo responsable del Consell per la República, asegura en la misiva que «es necesario reforzar un espacio libre de las prohibiciones, las amenazas y las limitaciones de derechos», por eso propone la activación de esta asamblea, cuya creación estaba prevista desde la fuga del ex presidente a Bélgica.

En esta reunión, explican fuentes cercanas a Carles Puigdemont, está previsto que puedan asistir desde el actual presidente de la Generalitat Quim Torra, hasta alcaldes y concejales de pequeños municipios catalanes, pasando por diputados en el Parlamento Europeo, el Parlament, el Congreso y senadores.

La fecha de convocatoria del líder de Junts per Catalunya no es baladí. El día antes Carles Puigdemont está citado, en el tribunal superior de Justicia belga, para que el juez le tome declaración en relación a la euro orden de detención y entrega dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que solicita su puesta a disposición de las autoridades españolas para ser juzgado por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, por su papel activo en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia.