Cadena, fiscal del Supremo: “Se archivaron contratos de Sánchez con más anomalías que el de Ayuso”

El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena, adscrito a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, recordó, según cuentan a OKDIARIO fuentes presentes en la reunión, que durante la pandemia recibieron denuncias por «contratos de similares características que afectaban a la Administración central –es decir, al Gobierno de Pedro Sánchez– y, tras ser analizadas por la Sala, se descartó el delito de malversación por razones de urgencia debido a la situación provocada por el Covid-19». Así lo dijo en la Junta de Fiscales de Sala, celebrada este lunes, en la que se rechazó enviar a su homóloga europea la investigación del contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no es competente.

Cadena también recordó que la Sala Penal del Ministerio Público analizó incluso «contratos que presentaban más anomalías e irregularidades» que el caso de Ayuso y, sin embargo, «no se apreció la existencia de indicios delictivos». Una postura que fue respaldada por la Sala Segunda del Supremo que rechazó abrir una causa penal contra los miembros del Gobierno tras las denuncias de sindicatos, partidos políticos y particulares.

Los archivos a Sánchez</h2

Vox presentó una querella contra los responsables de Sanidad de las compras de material sanitario durante la pandemia por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude. El partido de Abascal señaló que se habían realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros. En el escrito explicaban que en 56 de los contratos firmados no constaba la identidad fiscal de los adjudicatarios, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilitaba su identificación, localización y fiscalización.

La entidad Terra SOS-Tenible se querelló contra Sánchez y varios ministros por malversación. El colectivo denunció que España venía «funcionando de manera anómala desde el punto de vista presupuestario, y lo que no tiene cabida en ese contexto es un aumento de la arbitrariedad en el gasto público con finalidad clientelar, compras o subvenciones a simpatizantes».

También, ciudadanos particulares presentaron denuncias por este mismo delito. Así, un militar jubilado residente en Madrid denunció a Sánchez y al ex ministro de Sanidad Salvador Illa por las compras millonarias de material de protección que se realizaron de emergencia a empresas radicadas en China.

El denunciante solicitó que se investigase las compras de mascarillas, batas desechables, gel desinfectante, guantes de nitrilo y respiradores realizadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -dependiente de Sanidad- a empresas chinas, al entender que se pagó un precio muy superior al que se habría abonado a fabricantes nacionales. Por ejemplo, explicaba en la denuncia, mientras las empresas españolas ofrecían batas cuyos precios oscilaban entre los 0,27 y 1,86 euros (dependiendo de si son desechables o impermeables), el Gobierno las adquiría en China por 22 euros.

Pese a ello, tanto la Fiscalía del Supremo como el Alto Tribunal entendieron que no se investigaría a los miembros del Gobierno por el delito de malversación, regulado en los artículos 432 a 435 del Código Penal, porque dichas decisiones se llevaron acabo «en unas circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia», explican fuentes judiciales. Por ello, Cadena reprendió que la fiscal de Gürtel ahora destinada en la Fiscalía europea, Concha Sabadell, cuestione los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria cuando «por idéntico motivo no se ha apreciado delito en las actuaciones del Gobierno».

Europa no es competente

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha rechazado enviar a la Fiscalía Europea la totalidad de la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. De este modo, Delgado ha asumido la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala que, como ya adelantó OKDIARIO, ha considerado que Europa no es competente para hacerse cargo de las diligencias solicitadas.

En concreto, las mismas fuentes señalaban que no existen indicios que justifiquen ceder las diligencias puesto que hasta ahora no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados, tal y como esgrime la Fiscalía Europea, que entiende que es suya la competencia al existirse supuesta «malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos Feder europeos».

No obstante, en la causa abierta contra Tomás Díaz Ayuso no se investiga un delito de malversación ya que las mascarillas se pagaron y se entregaron, sino que se indaga sobre la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por el hermano de Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios y «Europa no es competente para investigar estos delitos». A este respecto, aunque existiera la hipotética malversación de fondos europeos, los delitos citados son de interés superior para la fiscalía española.