Bolaños convocó a Seguridad Nacional para hablar de Oriente Próximo cuando ya habían entrado en Ceuta 1.500 inmigrantes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 07/08/2026 05:45
  • Actualizado: 07/08/2026 05:45

El lunes 27 de julio, 1.500 personas habían entrado ya a nado a Ceuta. El goteo era incesante desde días anteriores. Una situación que motivó, incluso, una reunión de urgencia entre el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Ambos coincidían en la enorme preocupación por lo que calificaron ya entonces de «una situación de emergencia migratoria», tras una semana de entradas.

«Esta situación ha provocado una extraordinaria presión sobre los recursos de acogida existentes, ocasionando el colapso del sistema de protección de menores y la saturación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)», se exponía en la nota que se trasladó tras el encuentro. Ese mismo día, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presidía una reunión del Comité de Situación de Seguridad Nacional, el órgano de apoyo del departamento para las situaciones de crisis. El motivo de la convocatoria no era la crisis migratoria, sino «la valoración y seguimiento de la situación en Oriente Próximo».

Por entonces -tres días antes de la avalancha- la situación en Ceuta ya generaba gran inquietud. Durante toda la semana previa se habían sucedido las entradas de los llamados nadadores, sobre los que Seguridad Nacional alertaba en su último informe.

«En lo que se refiere a las rutas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la presión migratoria se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar, lo que supone en sí mismo un grave riesgo para sus propias vidas», se subraya en el documento, que fue aprobado en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 21 de abril, presidida por Pedro Sánchez. No obstante, el informe no reparaba en toda su magnitud.

Seguridad Nacional considera los flujos migratorios irregulares uno de los principales «ámbitos de especial interés» en tanto amenaza para la población española.

El último informe, sin embargo, limita su gravedad. Si en años anteriores se consideraba que la llegada de inmigrantes irregulares era uno de los cinco principales riesgos, en esta ocasión ya no aparece. En su lugar, sí figuran la «vulnerabilidad del ciberespacio», las «campañas de desinformación», la «vulnerabilidad energética», las «emergencias y catástrofes» y el «espionaje e injerencias desde el exterior».

Pese a la gravedad de la crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez no convocó al Consejo de Seguridad Nacional ni decretó tampoco la «situación de interés para la Seguridad Nacional». El presidente ceutí reclamó en los primeros momentos de la crisis la declaración de la situación de «emergencia nacional» y el «mando único», que fue rechazado por el Ejecutivo. Sánchez se desplazó durante unas horas a Ceuta y, al día siguiente, se trasladó a Lanzarote para iniciar sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta.

El lunes 27 de julio, con los recursos desbordados, el frente común, casi inédito, entre Vivas y Pérez Triano ya daba cuenta de la emergencia. Ese mismo día, el presidente ceutí se dirigió a La Moncloa para trasladar su preocupación. Informó de que en la semana anterior habían accedido a Ceuta unas 1.500 personas de forma irregular y advirtió de que la situación podría agravarse rápidamente.

Vivas no pudo hablar con Sánchez, sino con su jefe de gabinete, a quien le comunicó que, si se mantenía el ritmo de llegadas, «si en un día entraban 500 personas, en 10 días entraban 5.000». «De seguir así, en poco tiempo nos veríamos en una situación como la de mayo», aseveró el presidente autonómico. La respuesta fue que no se preocupase. Al día siguiente, se puso en contacto con el Ministerio del Interior para trasladar la saturación que sufrían los recursos de acogida de la ciudad, «cómo estaban de colapsados los centros de acogida, tanto de adultos como de menores», y para reclamar la adopción de medidas extraordinarias.

Pese a ello, el miércoles el Gobierno le trasladó que «no era jurídicamente factible decretar la emergencia nacional». Un día después, se produjo la invasión.

Desde el Partido Popular denuncian que el Ejecutivo español «contaba con información anticipada» y critican que «no actuar a pesar de la información es sumamente grave».

La Audiencia Nacional ha solicitado información a la Guardia Civil sobre si recibió «alguna información en los días previos que hubiese podido alertar» de la «entrada irregular masiva».

La juez María Tardón requiere a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informe sobre «el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hayan localizado en las aguas territoriales españolas», así como sus circunstancias personales conocidas.

Esta semana, Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes de Marruecos a Ceuta fue «una acción concertada» e impulsada por «un grupo criminal».

Marlaska niega avisos del CNI

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no alertó de la situación. Según Marlaska, «no hubo ningún informe o aviso de nada parecido a lo que ha acontecido ni nada parecido a lo que ocurrió en 2021, cuando entraron 10.000 personas».

El ministro reitera que la invasión fue «extraordinaria y excepcional» y que «ningún servicio de información alertó de una circunstancia de esa naturaleza», que atribuye a «las mafias», exculpando a Marruecos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, marcó distancias trasladando «el reconocimiento a los hombres y mujeres del CNI».