Bildu y ERC pactan obligar a Sánchez a ceder las competencias que sacarán de prisión a los etarras

EH Bildu está dispuesto a dar la batalla por los 140 presos de ETA que aún cumplen condenas de cárcel. La formación abertzale que dirige Arnaldo Otegi exige al Gobierno de Pedro Sánchez una serie de cambios legales que impidan a la Audiencia Nacional oponerse a la concesión de terceros grados y, con ello, a la salida prematura de los presos de la cárcel. Una modificación legislativa de gran calado que el PSOE ha prometido ya estudiar, pero con muy difícil encaje político. Pero los de Otegi ya tienen un plan conjunto con ERC para lograrlo: serán los separatistas catalanes quienes soliciten la cesión de competencias total de vigilancia penitenciaria para los presos condenados por la Audiencia Nacional. Y con ello, saldrán beneficiados los terroristas de ETA.

Pese a que el PSOE se comprometió antes de la investidura a buscar las «soluciones» que le exigía Bildu para sortear la ley y sacar de prisión a los presos etarras, lo cierto es que el Gobierno sigue sin encontrar la forma exacta para articularlo. Fuentes de la formación abertzale explican que Moncloa teme un gran coste político si da luz verde a modificar la ley 5/2003 que regula el papel de la Audiencia Nacional como vigilante del cumplimiento de las penas que han impuesto sus tribunales. Entre ellas, las de terrorismo.

Sin embargo, para facilitar las cosas al PSOE, EH Bildu y ERC ya han avanzado conversaciones para hacer un frente común. Una estrategia para poder llevar a cabo una transferencia de competencias sin que el PSOE pueda oponerse. Para ello, serán los socios separatistas de Sánchez quienes lleven la iniciativa en esta cuestión, exigiendo al Ejecutivo que inicie la transferencia de la vigilancia penitenciaria desde la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales de aquellas comunidades con competencias en cárceles.

El argumento que se va a poner sobre la mesa, explican estas fuentes, es simple: si todos los presos en Cataluña y el País Vasco dependen de la gestión de sus respectivos gobiernos autonómicos, y la concesión de terceros grados u otras medidas depende de sus juzgados de vigilancia penitenciaria territoriales, «no tiene sentido» que en algunos pocos casos sea la Audiencia Nacional quien decida sobre ellos.

En 2024

Será a lo largo de este 2024, «posiblemente en el primer semestre», cuando ERC se descuelgue con la petición de reformar esa ley y entregar las competencias totales de vigilancia penitenciaria a las comunidades que tengan transferidas las prisiones. Alegarán, explican, que la ley 5/2003 nació para evitar diferencias de criterio entre diferentes juntas de tratamiento, y que ahora es la ley la que produce esas «disfunciones» entre lo que deciden los tribunales de cada prisión y lo que ordena la Audiencia Nacional.

De esa forma, entienden, el Gobierno diluiría ese coste político y podría vender que se trata de una «armonización de legislación», una segunda etapa de transferencias penitenciarias que quedaba pendiente y que no está diseñada sólo para los presos de ETA (afectaría también a presos yihadistas y a otros condenados por la Audiencia Nacional). Pero ése, dicen, sería el atajo para que a partir de ese momento fueran el Gobierno vasco y los tribunales locales quienes tuviesen la última palabra a la hora de poner en libertad a los presos de ETA.

Los presos de ETA

Según adelantan fuentes próximas a EH Bildu en el Congreso, los equipos negociadores de abertzales y socialistas han avanzado significativamente en sus conversaciones al respecto desde que se inició el mes de septiembre. Hay puntos de encuentro sobre la solución a ese «problema», que pasaría por esa cesión de competencias en materia de justicia al País Vasco.

Lo que plantea Otegi al PSOE, y éste ve cada vez con mejores ojos, es que los presos etarras, tras una reforma legal aún por articular que exigiría ERC, dejen de estar bajo el paraguas del juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Así ha sido hasta ahora, en base a la ley 5/2003 que regula el papel de estos juzgados centrales.

Aquella norma nació para evitar «disfunciones» y dar «mayor eficacia y operatividad en la represión de los delitos» que juzga la Audiencia Nacional. Entre ellos, los de terrorismo. Esa ley surgió para establecer un orden y evitar que, cuando había presos etarras en cárceles por toda España, fuesen juzgados territoriales los que decidiesen sobre su futuro penitenciario. Así, se unificarían criterios y la doctrina sería la misma para todos, independientemente de la comunidad donde cumpliesen condena.

Pero el argumento que plantean los abertzales rompe con esa premisa: con todos los presos etarras ya en el País Vasco, no caben esas diferencias de criterio. Lo que piden, en esencia, es que la Administración de Justicia del País Vasco obtenga todas las competencias de vigilancia penitenciaria sobre los presos que estén en su jurisdicción. Y con ello, de los etarras.