Bernat Soria, ex ministro de Sanidad de Zapatero, a un paso de juicio por alzamiento de bienes
El caso podría derivarse a un tribunal superior por la gravedad de los hechos
El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha dado un giro decisivo en el procedimiento penal que se sigue contra Bernat Soria Escoms, ex ministro de Sanidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y sus dos hijas. Mediante una providencia consultada por OKDIARIO, el magistrado ha planteado una cuestión de competencia que podría llevar el caso a la Audiencia Provincial, dado que la acusación solicita penas superiores a las que puede imponer un juzgado de lo penal.
El procedimiento acusa al ex ministro y a sus hijas de un delito de alzamiento de bienes. La causa lleva más de tres años sin que se haya señalado fecha para el juicio oral, una demora que ha generado críticas por parte de la acusación particular.
La providencia dictada por el juez Luis Javier Santos Díaz ha dado traslado a las partes por un plazo de cinco días para que aleguen sobre la competencia del órgano. El motivo es que un escrito de acusación solicita la condena por «delito de alzamiento de bienes en relación al artículo 250 del Código Penal que lleva aparejada pena máxima superior a la que conoce este órgano.
Deuda millonaria no satisfecha
El origen de la causa penal se remonta a una sentencia civil firme dictada el 31 de mayo de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Sevilla. Aquella resolución reconoció una deuda de más de 400.000 euros, más 120.000 euros adicionales «tasados para intereses y costas», a favor de la mercantil que acusa a Bernat Soria.
Durante la fase de ejecución de la sentencia civil, el juzgado ha declarado la insolvencia del deudor. Según consta en la documentación judicial, se ha constatado que «los activos de los que disponía habían sido transmitidos a sus hijas sin justificación económica o empresarial».
Esta circunstancia motivó que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en septiembre de 2022, acordara la continuación de las diligencias. El instructor apreció «indicios racionales de un delito de frustración de la ejecución».
Bernat Soria ocupó el Ministerio de Sanidad y Consumo entre julio de 2007 y abril de 2009. Catedrático de Fisiología e investigador en el campo de las células madre, su nombramiento generó cierta expectación en el ámbito científico.
Tras abandonar el Gobierno, Soria retornó al ámbito académico y empresarial. Su trayectoria política, aunque breve, le situó en el centro del debate público sobre investigación biomédica en España.
Alzamiento de bienes
El delito de alzamiento de bienes sanciona a quien realiza actos de disposición patrimonial con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores. La jurisprudencia exige que se acredite la intención dolosa de perjudicar los derechos de cobro mediante el vaciamiento del patrimonio.
Si finalmente se aplica el artículo del Código Penal relativo a las penas del delito de estafa cuando concurren determinadas circunstancias, la causa excedería la competencia del Juzgado de lo Penal. Esto obligaría a remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es competente para conocer de delitos con penas superiores a cinco años de prisión.
La acusación particular ha denunciado la interminable espera sin que se haya producido avances procesales significativos. Según indican, «la acumulación de retrasos procesales y la apertura ahora de una cuestión de competencia suponen una dilación indebida que agrava el perjuicio causado al acreedor».
El administrador de la empresa reclamante ha descrito al acreedor como «un empresario ajeno a la política, que denuncia haber sufrido graves daños económicos y profesionales al no poder ejecutar durante años una deuda reconocida judicialmente».
El caso se encuentra en una encrucijada procesal. Pese a encontrarse en fase de enjuiciamiento desde hace años, la causa no ha llegado a celebrarse juicio oral. El último impulso procesal documentado hasta ahora era del año 2023.
La cuestión de competencia ahora planteada introduce una nueva variable que podría prolongar aún más la resolución definitiva del asunto. Si el Juzgado de lo Penal declara su falta de competencia objetiva, el expediente deberá inhibirse en favor de un tribunal superior, lo que supondría un varapalo a Bernat Soria pero le daría más tiempo antes de la hipotética condena.
Desde la acusación se reclama «un impulso efectivo del procedimiento para evitar que quede indefinidamente paralizado». La situación pone de manifiesto las dificultades que atraviesan los procedimientos judiciales complejos en España, especialmente cuando confluyen actuaciones civiles y penales sobre los mismos hechos.
La Justicia sevillana tiene ahora en sus manos la decisión de acelerar o, por el contrario, enviar a un nuevo periplo judicial una causa que comenzó hace más de cuatro años con una sentencia civil y que aún busca su desenlace penal. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para un acreedor que espera cobrar y para un ex ministro cuyo prestigio profesional pende del fallo que dicten los tribunales.
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