Begoña Gómez colocó como profesora de sus másteres a la encargada de contratos de Barrabés

Begoña Gómez colocó como profesora de sus dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid a Isabel García-Lomas, una de las personas encargadas de contratos públicos de la consultora tecnológica de Juan Carlos Barrabés. Tal como ha podido saber OKDIARIO, su nombre salió en la declaración de Luis Miguel Ciprés, consejero delegado de Barrabés, este lunes como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado. Fue señalada como integrante clave del equipo de licitaciones de la empresa Barrabés.biz. Tras ello, las acusaciones populares han solicitado este martes su inmediata citación como testigo.

Las páginas web de los másteres de Transformación Social Competitiva y Captación de Fondos, ambos de la Universidad Complutense, no dejan lugar a dudas: Isabel García-Lomas está dentro del profesorado. Aparece en calidad de «Asesora en Innovación y Transformación Social». Se omite que formó parte, al menos hasta 2021, del núcleo duro de Barrabés que gestionaba los concursos públicos a los que se presentaban. Su perfil en la red social LinkedIn refleja que García-Lomas entró en la compañía en 2014 y ha desarrollado proyectos ligados a Innovación, Transformación, Nuevos Proyectos y Sostenibilidad. De hecho, entre 2017 y 2021 fue CEO de Barrabés  Earth, una línea del grupo dedicada a temas medioambientales. Una de las grandes incógnitas del caso es cómo se fraguó la polémica carta de recomendación de uno de los másteres de Begoña Gómez a favor de Barrabés, la respuesta podría estar en Gómez-Lomas, que estaba en las dos partes.

En este marco, las acusaciones populares (Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática) han presentado este martes 27 de agosto un escrito firmado por Marta Castro, abogada de Vox que ejerce la dirección unificada de las acusaciones, pidiendo la testifical de Isabel García-Lomas Drake.

En ese mismo documento, las acusaciones piden la declaración de David Sanza, el amigo íntimo de Pedro Sánchez que intermedió para catalizar el patrocinio de Reale Seguros. Además, se pide a Peinado documentación. Apuestan por que se requiera a Reale los documentos para cerrar la decisión de financiar el proyecto académico, los correos entre Sanza y los responsables de Reale sobre la relación con Begoña Gómez y su cátedra, los datos de las personas mencionadas por el jefe de Reale en el departamento de sostenibilidad (Pilar Suarez-Inclán, Arancha Escalada y Rosalía Calvo) y los correos con Begoña Gómez y la Complutense para la gestión del patrocinio. En relación con la Fundación La Caixa, se pide el expediente completo y el acta de aprobación del Comité de Dirección del
patrocinio de la cátedra, los informes sobre la gestión del patrocinio y los correos mantenidos con el vicerrector de la Complutense y con la Secretaría de la Escuela de Gobierno relativos a esta cátedra.

Nuevos pasos

Cabe recordar que, en este momento del procedimiento, no hay más citaciones judiciales en el horizonte. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que esas novedades serán inminentes. Existen varios informes de instituciones oficiales encargados que tienen que estar a punto de llegar. Lo mismo ocurre con los resultados de los registros efectuados por la UCO en la casa y las oficinas de Barrabés. Podría darse el caso de que Peinado esté por delante de las acusaciones y conozca información novedosa que desencadene nuevos movimientos.

El sumario del caso Begoña Gómez ya alcanza los siete tomos y los últimos están a disposición de las partes, ya que este mes de agosto el funcionario encargado de hacer esos trámites está de vacaciones. La agosticidad también se ha notado en las declaraciones de este lunes, en las que no ha estado ni el abogado de Begoña Gómez, ni el de Juan Carlos Barrabés, ni el fiscal titular del caso (José Manuel Baldomero). En los tres casos enviaron sustitutos que no fueron especialmente incisivos. Evitaron intervenir más que en contadas ocasiones para evitar una nueva bronca del magistrado instructor.

En todo caso, la última providencia conocida de Peinado data del jueves 22 de agosto. Ahí afirmó que se pueden sacar «conclusiones» del «silencio» del jefe del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo. A partir de ahora se baraja la opción, por ejemplo, de enviar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) al Palacio de la Moncloa en busca de pruebas para confirmar el delito de tráfico de influencias. Del mismo modo, en el horizonte temporal está el 30 de septiembre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto analizar la petición de archivar el caso vía recurso de apelación.

Recurso

Por otra parte, este miércoles se ha conocido que el empresario Barrabés ha recurrido el registro de su domicilio y de la sede social de sus compañías asegurando que el juez del caso Begoña Gómez lo ordenó sin tener «sospecha o indicio de la comisión de los hechos delictivos», generando una «flagrante vulneración» de sus derechos como investigado. La defensa del empresario, dirigida por Sánchez-Junco Abogados, solicita a la Audiencia madrileña que deje sin efecto el auto por el cual el magistrado dio luz verde a la entrada y registro del 23 de agosto «por no cumplir los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para la adopción de tan gravosa medida».

El pasado viernes agentes de la UCO registraron el domicilio particular de Barrabés y la empresa Innova Next, ubicados en Madrid. Su letrado indica que «se ha vulnerado el principio de proporcionalidad porque el sacrificio de los intereses en juego no es ni mucho menos superior al beneficio que se pretende obtener» por parte del juez. Afirman que es «evidente que existían otras vías alternativas para la obtención de información o documentación». «El juzgado podría haber dirigido cualquier requerimiento a Innova Next, podría haber obtenido la información de fuentes públicas, podría haber interesado información del portal de transparencia», esgrimen. También afean que se podía haber pedido el teléfono móvil a Barrabés «como medida previa a comisionar al hospital a la Policía para intervenirlo». Sin contar que esa opción pondría en alerta a Barrabés para borrar información, el empresario considera que esas decisiones judiciales «desoyen radicalmente» la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que insisten en que estamos ante una investigación «prospectiva».