Ayuso apoyará el 27-N a la Policía contra la ley de Sánchez que protege el terrorismo callejero

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 12/11/2021 14:07
  • Actualizado: 12/11/2021 18:13

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este viernes con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a quienes ha trasladado su apoyo frente a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que planea el Gobierno de PSOE y Podemos y que dejará desprotegidos a los agentes. En el encuentro, no previsto en la agenda de la presidenta madrileña, Ayuso se ha comprometido además a acudir a la gran manifestación que las organizaciones han convocado para el próximo 27 de noviembre en protesta por la reforma.

En el encuentro han participado representantes de distintas organizaciones policiales, como JUPOL -sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional-, Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Sindicato Unificado de Policías (SUP), Unión Federal de Policía de Madrid, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la delegación de Madrid de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes Guardia Civil, la delegación madrileña de Asociación Española de Guardia Civil, la Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC), la Unión Oficiales de la Guardia Civil, el Sindicato de Policía Nacional CEP y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil.

Todos ellos han trasladado a la presidenta de la Comunidad de Madrid su queja y malestar por la ley que prepara el Gobierno. Según la reforma, ya no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas, así como la toma de imágenes de intervenciones policiales, con independencia de si vulneran o no el derecho a la intimidad de los funcionarios. Además, se reducirán las multas que se consideren excesivas y se ajustarán a la capacidad económica de los sancionados.

Ayuso ha reconocido a los sindicatos policiales que los cambios introducidos por el Gobierno de coalición en la Ley de Seguridad Ciudadana «socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad».

Sin duda, uno de los puntos que genera más preocupación a las Fuerzas de Seguridad es el que respecta a las grabaciones. Una medida, recuerdan, que se produce en un momento en que las agresiones a los agentes se han incrementado, llegando a 30 al día, y cuando se viven momentos de gran conflictividad social. Según la propuesta, la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, además de su difusión sin permiso, no constituirá infracción, pero los agentes, mientras, no podrán grabar a los infractores.

Además, no se pondrán sanciones a las manifestaciones no comunicadas y las responsabilidades se limitarán a sus promotores. También se limita el tiempo de detención, que pasará de seis horas a dos como máximo, en el caso de aquellas personas que son arrestadas y se niegan a identificarse. Los detenidos tendrán que ser devueltos al lugar del arresto tras ser puestos en libertad. Asimismo, se limita la capacidad de los agentes para efectuar cacheos, de forma que no se podrá pedir a ninguna persona que se desnude en una actuación policial.

El Ejecutivo también diseña cambios en la utilización del material antidisturbios, obligando a los agentes a usar «medios menos lesivos» y «evitando aquellos que causen lesiones irreparables». Y se pone en duda la presunción de veracidad del atestado policial, de forma que «gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario». La reforma también reduce las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos y establecimientos, que pasarán de graves a leves.

Un ataque frontal

Todos estos cambios han generado una profunda inquietud en los colectivos policiales, en el punto de mira de los violentos.

Las organizaciones se reunieron este jueves con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque no recibieron respuesta concreta a sus peticiones, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales.

Desde JUPOL se destaca que la derogación de la Ley supone «un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático». «No hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes», señaló este jueves su portavoz, Aarón Rivero, tras la reunión con el ministro.