El Ayuntamiento de Rivas (IU) firmó un contrato de 8.500 € con la revista ‘Mongolia’ condenada por el Supremo

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por una coalición formada por IU-Equo, Podemos y PSOE, firmó un contrato publicitario de 8.425,79 euros con la revista satírica Mongolia, condenada por el Tribunal Supremo por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen del torero José Ortega Cano.

El Consistorio, dirigido por Pedro del Cura, rubricó un contrato menor con la publicación de Editorial Mong, S.L., fundada por condenado por colaborar con ETA y abogado del fugado Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, de dos meses de duración (enero y febrero de 2021) para adjudicar servicios de publicidad institucional.

El director del Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento, Héctor Xesús Juanatey Ferreiro, fue quien emitió el informe técnico de necesidad porque, según consta en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ayuntamiento «no dispone de los medios necesarios para el objeto del contrato», sin embargo, el Consistorio tiene una revista municipal en formato papel con una tirada de 33.000 ejemplares mensuales.

Este trabajador fue contratado a dedo por el alcalde de Izquierda Unida el 31 de enero de 2020 y el 5 de enero de este año firmaba el informe técnico en el que se proponía a la revista de dudosa reputación como adjudicataria de un contrato de publicidad de una página a todo color en el soporte de papel durante los meses de enero y febrero de 2021 y dos banners en su página web con valor de 8.425,79 euros.

En el último Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la portavoz del Partido Popular, Janette Novo, interrogó al alcalde sobre este asunto, que su grupo municipal considera innecesario y con tintes de irregularidad.

«¿Cuál es la necesidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y de los vecinos de nuestra ciudad, que ha motivado y justifica la contratación, por importe de 8.425,79 €, de inserción de publicidad municipal durante dos meses en la revista Mongolia, medio no local, que no cubre información municipal y al que se accede previo pago de una suscripción?», fue la pregunta formulada por Novo.

A lo que el jefe de Gobierno municipal contestó que esa «necesidad» reside en «la defensa de la libertad de expresión, sobre todo en la aplicada en materia humorística».

Para el dirigente de IU «es un derecho que puede y debe defenderse desde todas las Instituciones» porque «la defensa de los derechos más básicos es un asunto que nos atañe desde el nivel más local hasta el más global».

Además, apostilló que a la revista Mongolia «no solo se puede acceder a través de una suscripción, también es posible comprarla en el quiosco, como cualquier otro periódico impreso y apoyar así de paso el comercio de proximidad».

La citada revista fue condenada en diciembre del año pasado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo  a pagar 40.000 euros al diestro José Ortega Cano por atentar contra su dignidad al publicar y difundir un cartel que hacía «escarnio» de sus problemas con el alcohol.

Según el fallo, el cartel suponía un «escarnio de la adicción del demandante a las bebidas alcohólicas, reviviendo así un episodio de su vida por el que ya había cumplido condena y, en definitiva, atentando contra su dignidad».

La revista Mongolia fue fundada en el año 2012 por el condenado Gonzalo Boye, quien fue editor, abogado y accionista de la misma hasta, según aseguró la propia publicación, el año 2017, cuando «dejó el proyecto».

Boye, actual letrado del golpista fugado Puigdemont, fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar, junto con el resto de un comando terrorista, 1,2 millones de euros por participar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988, un secuestro que duró 249 días y en el que la misión de Boye era la de vigilar al retenido e informar y facilitar datos a la banda terrorista ETA. Por este hecho -detención ilegal-, fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis.

Pero los problemas de Boye con la Justicia no terminan ahí. El 18 de diciembre de 2020, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón dictó un auto de procesamiento en la causa en la que se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. Boye aparece imputado en este entramado acusado de blanquear dinero procedente del narcotráfico.