El Ayuntamiento de Boadilla reclama a un ex concejal de IU 33.000€ en dietas que no quiere devolver

Corría el año 2000 cuando en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un municipio a 14 kilómetros de Madrid, el gobierno municipal resolvió que un concejal independiente que formaba parte del Grupo Mixto, Ángel Galindo, dejara de cobrar retribuciones como edil liberado pasando tan solo a percibir dietas.

El complicado carácter del concejal, que anteriormente había pertenecido a Izquierda Unida y a Los Verdes, hizo imposible el acuerdo de gobierno al que llegó con el PP, en minoría, tras las elecciones locales de 1999. Y no sólo eso, meses después sus antiguos aliados decidieron modificarle su retribución.

El citado edil elevó a los tribunales el asunto de su remuneración con sus antiguos compañeros de gobierno, entre los que también se encontraba Arturo González Panero, hoy imputado en la trama Gürtel. En 2005, una sentencia le reconoció el derecho a cobrar su retribución íntegra como concejal liberado desde el año 2000, un salario incompatible con la percepción de dietas que hasta el momento había recibido.

El Consistorio procedió a compensarle las cantidades adeudadas, esto es, la diferencia entre el sueldo que debió cobrar y lo que ya había recibido en dietas que, en caso de cobrar un salario fijo, no le correspondían, pero el Tribunal que juzgó la cuestión sentenció en 2007 que el edil debía percibir las cantidades integras de la liberación y que fuera después el Ayuntamiento quien procediera a pedirle el reintegro de lo correspondiente a dietas que el edil debía devolver.

Así se efectuó, pero en una nueva sentencia de 2013 otro tribunal anuló los decretos de alcaldía con la petición de reintegro de las cantidades adeudadas por el edil justificándose en que previamente el Consistorio debería haber tramitado una declaración de lesividad para el interés público y acudir a la vía contenciosa, estribando la argumentación de la sentencia en que las cantidades fueron cobradas correctamente en un comienzo, deviniendo incorrectas después por la ejecución de la sentencia que ordenaba hacer efectiva la liberación como concejal.

En febrero de 2016 el Ayuntamiento procedió a tramitar la citada declaración de lesividad y en septiembre de este mismo año presentó una demanda ante el juzgado contencioso para tratar de que el ex concejal Ángel Galindo devuelva la cantidad que cobró en su momento como dietas, 33.000 euros, ya que en sentencia de 2005 el Ayuntamiento recibió la orden de que el mencionado concejal percibiese con efectos retroactivos lo correspondiente como concejal liberado.

Se da la situación además de que otro compañero independiente de Ángel Galindo en las mismas circunstancias, Antonio Samos González, que también formaba el Grupo Mixto en la legislatura 1999-2003, fue sentenciado a pagar lo que el Ayuntamiento le reclamó, más de 30.000 euros, aunque ahora se encuentra litigiando con el Consistorio para que la Justicia le ofrezca el mismo trato que recibió su compañero y declare que el asunto se encuentra prescrito, como ha argumentado Galindo.

Además, sorprendentemente, es su hijo quien ahora, también concejal actualmente en el citado Ayuntamiento desde hace 14 años a través de la formación Alternativa por Boadilla, no sólo recurre como abogado todas las acciones del Consistorio para conseguir la devolución del dinero adeudado por parte de su padre, sino también quien reclama a todos los funcionarios del Ayuntamiento la devolución de una subida salarial realizada en 2008 por Arturo González Panero, uno de los anteriores alcaldes del municipio hoy imputado en la trama Gürtel.

Una familia de concejales independientes más que polémicos por los intereses urbanísticos que su familia mantiene en el municipio, por los 26 años que padre e hijo suman en el Ayuntamiento como ediles, por la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público por un delito continuado de prevaricación del padre, por las peleas de este con funcionarios y hasta con minusválidos o por ser abogado el hijo de José Luis Peñas, uno de los antiguos políticos del PP imputados en la trama Gürtel y a quien se le acusa de manipular contratos, apropiarse fondos públicos, enriquecer a Correa, disfrutar de viajes regalados por el cabecilla de la trama y llevarse aproximadamente 130.000 euros de la red corrupta.