La Audiencia Nacional ratifica la citación como investigada de la socialista abogada de la cloaca Leticia de la Hoz
La Sala de lo Penal descarta indefensión y confirma que declarará este martes ante Pedraz
Leticia de la Hoz no es penalista: su despacho es una consultora que «asiste a empresas a implantarse en otros países»
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por la abogada Leticia de la Hoz Calvo contra su citación como investigada, decisión que allana el camino para que la letrada comparezca este martes 14 de julio ante el juez Santiago Pedraz en el marco de una causa por tráfico de influencias vinculada a la trama que habría buscado desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
El auto, fechado el 13 de julio de 2026 y firmado por tres magistrados, confirma en todos sus extremos el auto de 8 de junio de 2026, ratificado posteriormente por otro de 15 de junio, dictados por el Tribunal Central de Instancia de Pedraz.
Según recoge la resolución, se investiga si De la Hoz habría intentado inducir a Carmen Pano y Álvaro Gallego a cometer falso testimonio, a cambio de una cantidad económica, para que variaran sus declaraciones sobre la entrega de una bolsa de dinero en la sede del PSOE.
Las reuniones, según el testimonio de Pano recogido en el atestado, se habrían celebrado en la sede de IDBO Consultants, en la calle Serrano de Madrid.
De acuerdo con la declaración de la testigo, en un primer encuentro le habrían planteado hablar de la entrega del dinero en la calle Ferraz con la finalidad de «salvar el culo de Ábalos y de Koldo», frase que el auto atribuye textualmente a Leticia de la Hoz.
En una segunda reunión, siempre según ese testimonio, se habría tratado de cambiar la versión de los hechos para hacer recaer sobre Víctor de Aldama el origen del dinero, vinculándolo a los hidrocarburos.
Pano ha explicado que en un tercer encuentro pidió 25.000 euros para la boda de su hija y el alquiler de su vivienda durante un tiempo determinado, mientras que Gallego habría reclamado 15.000 euros para comprar un coche.
El 14 de febrero de 2025, en una cuarta reunión, Leticia de la Hoz habría aceptado esas pretensiones económicas, extremo que, según la testigo, fue corroborado por el socio de la letrada. Finalmente, ambos testigos no habrían accedido a la propuesta y sus declaraciones judiciales del 18 de febrero de 2025 se habrían ajustado, según su propio relato, «a la realidad de los hechos».
Recurso desestimado
La defensa de De la Hoz había alegado falta de motivación reforzada en el auto de citación, al entender que este afecta a derechos fundamentales de la apelante.
La Sala rechaza este argumento y precisa que la citación como investigada «no supone en sentido estricto un auto de imputación formal», a diferencia del auto de procesamiento o el de continuación del procedimiento abreviado.
El tribunal recuerda además que la recurrente no ha sido detenida en ningún momento, sino citada estando en libertad, por lo que dispone de las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los magistrados también han descartado que exista un cierto prevalimiento procesal en la falta de referencia expresa a los informes previos, señalando que el auto recurrido sí contiene una remisión indirecta al atestado y al escrito del Ministerio Fiscal, por lo que no aprecian ausencia de motivación «per relationem».
Respecto al fondo de los indicios, la Sala subraya que «no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de la recurrente» y que el material recabado por la Guardia Civil, en particular las declaraciones de Pano y Gallego, resulta suficiente para justificar la citación.
La Fiscalía se había opuesto al recurso, al igual que la acusación popular unificada.
Contexto
El caso se tramita por varios delitos enmarcados en una investigación más amplia que ha afectado a distintas personas con «estatus» procesales diferentes, según reconoce el propio auto.
La causa guarda relación con la defensa que Leticia de la Hoz ha ejercido de Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
El tribunal ha insistido en que la fase procesal actual corresponde a una diligencia de instrucción y no a un juicio de fondo, por lo que «no se debe entrar, para la resolución de este recurso, en el fondo de todas las diligencias de investigación practicadas».
Los magistrados han recalcado que, tras la declaración, «podrán contradecirse, podrán desvirtuarse» los indicios actuales, y que la parte podrá proponer la prueba que estime necesaria para su defensa.
La Sala ha impuesto de oficio las costas de la apelación, sin condena expresa para la recurrente.
Con esta resolución, que agota la vía de apelación contra la citación, la abogada Leticia de la Hoz deberá comparecer este martes ante el juez Santiago Pedraz, en una declaración que promete convertirse en una de las piezas más comentadas de una causa que ya salpica al corazón de la defensa jurídica del entorno socialista.
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