La Audiencia aprueba extraditar a EEUU a la enfermera de Chávez por blanqueo y organización criminal

La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición a Estados Unidos de la que fuera ex enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas. En un auto fechado ese jueves, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideran que se cumplen todos los requisitos para proceder a la extradición por delitos que, en Estados Unidos, están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y delitos de lavado de instrumentos monetarios.

En esta línea, recuerdan que la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida ve probado que Díaz Guillén y su marido Adrián Velasquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Chávez, participaron en un «estratagema corrupta» en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano.

Una trama que tenía en el centro a Raúl Gorrín, un empresario venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión y que habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con tasas favorables, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Según la solicitud de extradición Gorrín, juntos con otros, ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales consecutivos, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, «a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».

Sobornos a Guillén

Las autoridades norteamericanas consideran que Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a Velasquez en vez de a ella directamente. Entre 2011 y 2013 el empresario habría realizado pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.

Adicionalmente, el empresario del país lationamericano también habría comprado y pagado gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y una marca de diseñador de modas en el distrito sur de Florida y distrito sur de Texas.

La Sección Tercera ha rechazado de plano los argumentos esgrimidos por Díaz Guillén para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega.

Los jueces consideran que los hechos por los que está siendo investigada en España no son los mismos, puesto que la investigación del Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid se centra en la adquisición de una vivienda en el centro de la capital por 1.8 millones de euros con dinero procedente de Suiza.

Por contra, la reclamación emitida por los EEUU se refiere a la constitución de una organización para delinquir y dos presuntos delitos de blanqueo para comprar un yate y una firma de moda, siendo una investigación más amplia.

Y en cuanto a los motivos de nacionalidad, los magistrados creen que no se dan los factores que el Pleno de la Sala Penal viene exigiendo para rechazar la extradición de nacionales como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.

En este sentido, el auto recuerda que aunque se trasladó a España en 2015, aparte de la escolarización de su hijo y los cuidados a su madre, no hay constancia de que llevara a cabo ningún tipo de actividad laboral que demuestre su integración en la sociedad. Es más, la Sección Tercera hace hincapié en que Díaz Guillén cambia su apariencia cuando sale de su casa.

Detenidos en 2018 y 2020

La decisión de la Audiencia Nacional llega después de que la Policía Nacional detuviese el pasado 23 de diciembre en España a Díaz Guillén y a Velásquez después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la «posible vulneración de derechos fundamentales» de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.

Extradición de Velásquez

Después de que la Audiencia Nacional haya aprobado la extradición de Díaz Guillén, queda pendiente la decisión sobre la petición que todavía pesa sobre su marido, Adrián Velásquez, cuya vista se celebró el pasado 5 de octubre.

En su defensa, Velásquez recordó que tanto su mujer como él se mostraron a disposición y entregaron documentación y las claves de los equipos electrónicos que tenían en su domicilio en España y que fueron reclamados en una comisión rogatoria con los Estados Unidos.

Además, el reclamado se apoyó entonces en que tanto su mujer como su hijo mayor residen actualmente en España, el país en el que decidieron instalarse después de recibir supuestas amenazas en Venezuela. Asimismo, Velásquez reveló que ambos disfrutaban de la doble nacionalidad, un hecho que escapaba al conocimiento de la fiscal.

Sin embargo, para la representante del Ministerio Público el hecho de tener la nacionalidad española no puede ser un motivo para denegar la petición de entrega. La obtención de la misma, defendió la fiscal, es un «fraude de ley para evitar la extradición» que Velásquez planeó a sabiendas de que la petición acabaría llegando.