La asesora de Moncloa que asistía a Begoña Gómez en sus negocios no responde a las preguntas del juez
Cristina Álvarez sólo responde a las preguntas de su abogado
Cristina Álvarez, la asesora adscrita a Presidencia del Gobierno al servicio de los negocios de Begoña Gómez, se ha negado a responder a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado, que la mantiene investigada en el procedimiento judicial que se sigue sobre la mujer de Pedro Sánchez. La declaración ha comenzado a las 09:00 horas y ha durado 10 minutos. La asesora de Begoña Gómez sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, José María de Pablo.
Álvarez ha negado haber intercedido por Begoña Gómez ante la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras. Ha explicado que no hizo ninguna gestión con la Universidad o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020. Ha negado categóricamente haber influido sobre personal de la Complutense o de empresas patrocinadoras como Reale o Google para obtener beneficios para ella o para Begoña Gómez, subrayando que no se valió de su posición oficial para realizar ninguna solicitud.
Álvarez también ha afirmado ante el juez no conocer a nadie de la Complutense ni de las empresas patrocinadoras antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra. Los correos revelan que, posteriormente a la firma del convenio, era la asesora de Begoña Gómez la que buscaba patrocinadores y hacía las gestiones de la cátedra. Cristina Álvarez organizaba eventos de promoción sobre los másteres de Begoña Gómez y buscaba financiación para los mismos.
La asesora de Begoña Gómez ha sido la primera en comparecer este miércoles en el marco de una tanda de interrogatorios que incluye a otras seis personas. Se tratan de otro cargo de Presidencia, dos de la Complutense, y los representantes de Google, Indra y Telefónica. En el caso del asesor de Presidencia del Gobierno fue la persona que colocó a Cristina Álvarez en el cargo.
Declaró como testigo
Cristina Álvarez ya declaró como testigo el pasado 20 de diciembre y acabó siendo imputada. La asesora de Begoña Gómez explicó que se le había nombrado asesora para ayudar a la esposa de Pedro Sánchez con temas oficiales y privados. Señaló que conocía a la mujer de Pedro Sánchez desde hacía tiempo, que ella misma le había contactado para que trabajase en Moncloa como su persona de «confianza» y que no pasó por ningún proceso selectivo.
Tal y como consta en el sumario, la asesora de Begoña Gómez reconoció haber enviado emails relacionados con las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. Aseguró que «solo estaba en copia para poder hacer la agenda» de la esposa del presidente. También admitió haber mantenido conversaciones con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Todo ello después de que se creara la cátedra.
Su defensa recurrió
La defensa de Cristina Álvarez, ejercida por el penalista José María de Pablos, recurrió la imputación de la asesora. Presentó un recurso en el que decía que el juez Juan Carlos Peinado le había tendido «una trampa» para acordar su imputación . «Es imposible conocer qué hecho concreto se atribuye a mi patrocinada», señaló su abogado en el escrito recogido por OKDIARIO.
Esta mañana, durante la declaración, Cristina Álvarez ha incidido en que no conocía los hechos por los que está siendo investigada. De este modo, en un primer momento, se ha suspendido el interrogatorio. El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a la asesora de Begoña Gómez a la oficina del secretario judicial para que se lo explicasen y tras ello se ha retomado la declaración en la sala de vistas.
Begoña Gómez investigada
El juez Juan Carlos Peinado investiga si Begoña Gómez cometió un delito de apropiación indebida al inscribir a su favor la marca de sus dos máster puestos en marcha en la Complutense y, posteriormente, el software que fue financiado por empresas. También se indaga en si habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, del servicio de asistencia y asesoría técnica para la creación de dicho software, lo que podría ser constitutivo de un delito de intrusismo laboral. La mujer del presidente Pedro Sánchez está también siendo investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de su actividad laboral.
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