España

Carmona, Cándido Méndez, Lidia Falcón y ex ministros firman un manifiesto contra el ataque de Sánchez al castellano

El ataque de Pedro Sánchez e Isabel Celaá al castellano abre una nueva brecha en el PSOE. Antonio Miguel Carmona acaba de impulsar un manifiesto donde rechaza frontalmente el ataque al castellano y exige “que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución”. El manifiesto cuenta ya con la firma de Cándido Méndez, Lidia Falcón y ha sido lanzado por Carmona tras hablar con un grupo de “ex ministros del PSOE que firmarán igualmente el documento”.

Otros socialistas como Zenón Jiménez Ridruejo, el economista como José Carlos Díez, el primer secretario de Estado de Economía, Luis de Velasco o ex concejales como Manuel García-Hierro, también se han sumado a la iniciativa.

Todo ello sucede mientras el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaba de pactar con ERC la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña.

El manifiesto impulsado por Antonio Miguel Carmona, que se encuentra ya colgado en la plataforma Change.org, se presenta como una carta abierta que puede firmar gente del PSOE, de cualquier formación política o ajena a partidos.

El documento se presenta una clara intención: «Apoya el manifiesto sobre el carácter vehicular del idioma español”.  Y señala que “el español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece. El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a 600 millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes”.

El manifiesto de Antonio Miguel Carmona destaca que “por eso el artículo 3 de la Constitución española establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

«Hacer país es sumar, nunca restar»

El documento que sirve como base de esta plataforma destaca que en el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares». Y lo critica sin matices: “Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir”.

“Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular ‘…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer’”, añade el documento.

El manifiesto recuerda que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”. Y señala que “tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico.
Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu”.

Apoyo a los Presupuestos

El documento subraya que “los independentistas han declarado: ‘No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular’”. Sin duda, las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.

La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional”.

Y, por todo ello, “los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución”, concluye.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”