Anticorrupción descubre que Koldo ingresó 1,5 millones que «no se corresponden con su actividad oficial»

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Koldo García, el ayudante del ex ministro José Luis Ábalos investigado por presuntas mordidas en la compra de mascarillas, porque aumentó su patrimonio de forma «notable» entre 2020 y 2022. Pasó a ser titular de bienes muebles e inmuebles por más de 1,5 millones de euros. Ese patrimonio disparado, tanto del propio Koldo como de su pareja y de su hija menor, «no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales», indica Anticorrupción, tras estudiar su información laboral y tributaria.

En se punto, el Ministerio Público resalta que el incremento se produce «apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas» a la empresa Soluciones de Gestión SL. Así consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que incluye el relato pormenorizado que Anticorrupción traslada en su querella contra la presunta trama.

Anticorrupción destaca el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta del material quirúrgico y enfatiza que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, «lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido». Remarca que Koldo pudo haber utilizado a terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, «o al menos dificultar», que se conociera la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos.

Tres propiedades en la playa

La Fiscalía desvela un aumento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020, relacionadas con la compra de tres inmuebles en Benidorm (Alicante). Explica que uno de ellos lo adquiere por 115.000 euros a nombre de su hija mejor y sin necesidad de hipoteca, de los que abona 11.500 en metálico y «no se encuentra disposición en efectivo que lo justifique».

Los otros dos inmuebles, según Anticorrupción, los abona con cuatro cheques a favor de los vendedores. Lo hace usando dinero de una cuenta bancaria de la hija menor «donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa, mediante nueve traspasos, hasta elevar el saldo de la misma a 110.023,35 euros».

Habría conseguido esa cantidad mediante dos supuestos préstamos, uno de ellos de su hermano –también investigado en la causa– Joseba García, que también hizo varios traspasos, así como con fondos aportados por Koldo y su pareja, entre los que hay una donación de 90.000 euros en efectivo de la que no se ha encontrado ningún movimiento bancario.

Anticorrupción considera igualmente que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y de 9,6 millones a Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Koldo García agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas. Desbloqueó procesos de adjudicación directa de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, la mercantil zaragozana en la cúspide de la trama.

La Fiscalía considera esa sospecha «sumamente relevante y revelador» porque muestra, en realidad, el papel que «pudo desempeñar en la adjudicación, pudiendo haber hecho uso de terceras personas. Para Anticorrupción, hay indicios suficientes para concluir que existe «una organización criminal» que se dedicó a «conseguir la adjudicación» de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García «para mediar y conseguir» dichas adjudicaciones.

El Ministerio Público remarca que ha detectado «operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades».

Contratos millonarios

El fiscal explica que el primer contrato investigado fue otorgado por Puertos del Estado por 20 millones de euros. En su Consejo Rector estaba el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio, ADIF, por 12,5 millones. «Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes», se remarca.

«Dentro del total de los trece contratos denunciados, tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la COVID-19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión SL», recoge el citado auto.

El resto de contratos parten de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior (3,4 millones de euros), el Servicio Canario de Salud (12,3 millones), el de las Islas Baleares (3,7 millones) y la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

En 24 folios, el juez recoge el relato pormenorizado de la Fiscalía Especial, que sostiene que las supuestas irregularidades, según los denunciantes, nacen de la realidad de que «la actividad social de la empresa adjudicataria no tiene relación directa con el objeto del contrato, la falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria, y una cifra de negocio de 0 en el año 2019 frente a una cifra de negocio de 53,13 millones en el año 2020 por las adjudicaciones».

La Fiscalía dice que Soluciones de Gestión SL era propiedad del empresario Íñigo Rotaeche, que este mismo jueves fue puesto en libertad por el juez de la Audiencia Nacional, y también de Luis Presa Medina. La misma, añade, estaba controlada por el grupo Cueto, un conglomerado empresarial al que estaría vinculado otro de los detenidos que pasó a disposición del juez: Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF.

Anticorrupción sostiene que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros a Aldama y de 9,6 millones de euros a Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil.

En la querella, Anticorrupción asegura que «parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión en los contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo García habían sido transferidos a Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA, en una cuenta en Brasil». Los investigadores sostienen que dichos movimientos de dinero se llevaron a cabo «con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero». Otra partida acabó en otra sociedad ubicada en Luxemburgo.