El alto cargo del PSC que quemó la foto del Rey es imputado por malversación, cohecho y falsedad

El secretario nacional de la Comisión Ejecutiva del PSC, Sergi Vilamala, es investigado por el Juzgado de Instrucción nº 5 de VIC por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. El dirigente socialista catalán ha declarado este jueves en sede judicial junto a otros dos cargos municipales.

Sergi Vilamala es alcalde del municipio barcelonés de las Masías de Voltregà desde el 2003 y fue diputado del PSC en el Parlamento catalán. El pasado mes de junio, OKDIARIO publicaba un vídeo en el que quemaba una fotografía del Rey Felipe VI en una hoguera durante la noche de San Juan.

Vilamala fue designado secretario nacional de la Comisión Ejecutiva del PSC que lidera Miquel Iceta en noviembre del año 2016. La Comisión Ejecutiva ostenta la representación legal del Partido y es su órgano ejecutivo. Se estructura en Ejecutiva y un Pleno y es elegida directamente por el Congreso y entre sus funciones figura la administración y gestión del Partido, de sus finanzas o de su patrimonio.

Según la denuncia presentada en octubre del pasado año por la Comisión Anticorrupción del Voltreganès, a la que ha tenido acceso este diario, en febrero de 2009 la Junta de Gobierno del municipio de Masías de Voltrgá adjudicaba la primera fase de la remodelación del edificio que alberga el consistorio a la empresa EXCOSA por 909.252 euros.

Esta sociedad consiguió la adjudicación «al haber ofrecido por el apartado de mejoras y que es aceptado por el arquitecto municipal un presupuesto de 109.000 euros, siendo asombroso por la descripción que pueda ascender a ese importe, cuando hemos pedido presupuestos hoy día siendo inferiores en mucha a esa cantidad».

Tras analizar los presupuestos solicitados, los denunciantes señalan que el supuesto coste que alega EXCOSA «excede en mucho los pagos realizados por unos trabajos muy inferiores en su coste real, lo que da pie a pensar que las diferencias son exageradas y excesivas en valor pagado a su valor real». Dicha mercantil obtuvo 2 de las 6 adjudicaciones públicas.

Según la comisión anticorrupción, «dichos hechos son ilícitos, por cuando estas personas por su cargo no dudan en adjudicar obras, dilapidando la economía del Ayuntamiento, pagando cantidades superiores a las que deberían haber abonado por los mismos trabajos, realizando actos tendentes a las adjudicaciones muy poco claras y observando que siempre son los mismos adjudicatarios, no importándoles que los precios sean unitarios».

Dicha denuncia fue archivada inicialmente y en julio el caso se reabría en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Vic, tras aportarse nuevas pruebas que permiten continuar la investigación. Desde hace años, la Comisión Anticorrupción del Voltreganès lleva reclamando al consistorio información sobre el expediente que no ha sido entregada.

Tras su comparecencia en sede judicial como investigado, el alto cargo del PSC y alcalde de Masías de Voltregá, Sergi Vilamala, arremetía en las redes sociales contra los denunciantes acusándoles de «perturbar» la gestión administrativa del consistorio con «denuncias sistemáticas» que han conllevado más de «100 respuestas» del Ayuntamiento.

Todo ello, a pesar de que la Comisión Anticorrupción del Voltreganès acumula numerosas resoluciones favorables del Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) y de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) para que Vilamala les haga entrega de la documentación solicitada.

Iceta al corriente de la imputación

En marzo de 2017, el líder del PSC, Miquel Iceta, aseguraba en una entrevista de televisión que cesaría a cualquier alcalde de su partido que «hiciera cosas raras» o delinquiera, «por supervivencia política».

A pesar de estas afirmaciones públicas, el líder de los socialistas catalanes no ha adoptado decisión alguna respecto al alcalde del municipio barcelonés de las Masías de Voltregà, Sergi Vilamala, tras ser informado de los hechos por los que es investigado en el Juzgado de Instrucción nº 5 por la propia Comisión Anticorrupción del Voltreganès.