Aldama demanda a María Jesús Montero por llamarlo «delincuente» en televisión y le reclama 250.000 €

El empresario Víctor de Aldama ha demandado por injurias a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tras unas declaraciones en televisión en las que la política socialista llamaba a Aldama «delincuente». Este es el primer paso antes de que se querelle contra la también ministra de Hacienda. El empresario pide a la dirigente del PSOE una indemnización por valor de 250.000 euros.

Los abogados de Aldama han presentado un escrito en el que solicitan un acto de conciliación, acción previa a la interposición de una querella «por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad». Los representantes legales aluden directamente a una entrevista a la vicesecretaria general del PSOE en La Sexta en la que se refería a Aldama como «delincuente».

Se trataba de un fragmento del diálogo en el que se abordaba la actualidad política y las causas de corrupción que rodean al PSOE. Concretamente, se refirieron al caso Ábalos, en el que se investiga a José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera secretario de Organización socialista, y a su ayudante, Koldo García, por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid. También se refirieron al jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno.

La titular de Hacienda aseguraba, en alusión a Aldama, que «este señor ha estado en la cárcel». «Aldama, en la cárcel, de pronto, señala a personas inocentes», continuaba la vicesecretaria general socialista. Y afeaba al PP que se había hecho «eco de un señor que tiene credibilidad cuando viene de la cárcel, ¡pero si es un delincuente!».

Montero: «Va a volver a la cárcel»

Cuando el conductor del programa, Jordi Évole, le preguntaba si se refería a Víctor de Aldama, ella ironizaba: «Presunto, venga, presunto». «El problema del señor Aldama es el fraude fiscal que tiene con los hidrocarburos. ¿Usted sabe que la investigación al señor Aldama empieza por la Agencia Tributaria?», subrayaba Montero. Y concluía: «Es que va a volver a la cárcel, estoy convencida de ello. Estoy convencida de que va a volver a la cárcel».

A ojos de la defensa de Aldama, Montero, como alto cargo del Estado, había incumplido con el derecho a la presunción de inocencia en lo relativo a «su dimensión procesal y social». A su vez, le recuerda que tiene la obligación de abstenerse «de toda actuación que vulnere la presunción de inocencia».

Los abogados creen que esas palabras «lesionaban de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal», sino que también «su derecho a la intimidad personal y al honor». Los representantes del empresario recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valora como especialmente grave «cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos».

Argumentan que «cuando se proyecta a la opinión pública, a través de un medio de comunicación social, la consideración de culpable dirigida contra el investigado en un procedimiento penal antes de que recaiga una decisión judicial sobre su culpabilidad» se produce una «descalificación social» que tiene «evidentes efectos en la reputación y la vida privada del sujeto».

Deber de protección positiva

La defensa de Aldama recuerda que el Estado «debe llevar a cabo una protección positiva de los mismos tanto previniendo su vulneración como, en su caso, remediándola o reparándola». Sin embargo, expresa su sorpresa con que «el propio Estado, en este caso, a través de un miembro del Gobierno»  haya realizado «un comportamiento ilícito».

Además, los abogados recuerdan que esas acusaciones no se limitaron a la entrevista en el citado medio. Los representantes del empresario inciden en que las palabras de Montero «se reiteraron en otros espacios televisivos, así como en prensa digital y redes sociales, multiplicando su alcance y la expansión del daño».

Por todo ello, la defensa de Aldama considera que «se ha perjudicado el buen nombre y la imagen» y que se han generado «daños en su honor e imagen pública». Por ello, solicitan que se le «indemnice con la suma de 250.000 euros».