Agujero negro en Puertos del Estado: el Gobierno no revisa «ningún contrato inferior a 3 millones»

La auditoría del Tribunal de Cuentas ha advertido que en la entidad pública Puertos del Estado, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, durante el último ejercicio completo «no se revisó ningún contrato de presupuesto inferior a los 3 millones de euros» que hubieran sido financiados por fondos europeos.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha emitido un informe de fiscalización de «los procedimientos de gestión implantados por el Ente Público Puertos del Estado para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024».

Puertos del Estado, una entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobó un plan de control interno para luchar contra el fraude. Entonces, «se estableció que el análisis se circunscribiese a los contratos de valor estimado superior a 3 millones de euros».

El Tribunal de Cuentas detalla que hubo, en total, 250 contratos en ejecución o terminados hasta el último día de 2024. Sin embargo, Puertos del Estado sólo ha licitado 24 servicios con un valor superior a los 3 millones de euros. Por tanto, sólo tenía la obligación de fiscalizar esa veintena de licitaciones, lo que supone apenas un 10% del total. Por tanto, no se revisó el 90% de las licitaciones del ente dependiente de Transportes.

56 millones sin revisar

Por tanto, el organismo gubernamental habrá dejado de revisar el uso de 56 millones de euros. En otras palabras, no fue objeto de análisis un tercio de los fondos europeos utilizados por Puertos del Estado, los cuales fueron destinados a contratos con un valor inferior a 3 millones.

Sin embargo, no había obligación de fiscalizar los de importe inferior. Es más, el Tribunal de Cuentas advierte de que «a pesar de que el Plan de Control Interno contemplaba la posibilidad de efectuar controles aleatorios, durante el periodo fiscalizado no se revisó ningún contrato de presupuesto inferior a los 3 millones de euros».

Éste no es el único problema que exponen desde el organismo fiscalizador. Además de todo ello, se observa que «todos los controles se realizan a posteriori, una vez finalizados los contratos». Esto, a ojos del Tribunal de Cuentas, puede acabar implicando «la imposibilidad de corregir una deficiencia en la ejecución de la contratación».

La única excepción a esta práctica, que el organismo denomina como un «riesgo», es el Puerto de La Coruña. Allí existen «controles intermedios» que «han comenzado a realizarse» recientemente.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas presenta una recomendación a Puertos del Estado en la que considera que «sería conveniente» que el ente dependiente del Gobierno «realizase algún tipo de revisión sobre una muestra de los contratos de valor estimado inferior a 3 millones de euros». El órgano fiscalizador propone que sean «seleccionados mediante un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado por cuantías, dando así plena aplicación a lo indicado en el Plan de Control Interno».

Las sospechas de Ábalos

La polémica sobre Puertos del Estado no sólo pasa por el informe que se ha dado a conocer este viernes. Quien fuera ministro de Fomento y ex mano derecha de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos, presentó en el Congreso una última iniciativa sobre el organismo antes de entrar en prisión este jueves.

El primer diputado en ejercicio encarcelado exigió al Gobierno información sobre la «política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones adoptadas» por la dirección del Puerto de Valencia. El ex titular de Transportes denuncia que esas decisiones «han comportado para la presidenta medidas ventajosas al aplicarle el mismo régimen que al personal excluido de convenio, algo que es legalmente incompatible para los altos cargos».

Además, se interesó por conocer «qué medidas piensa adoptar el organismo público Puertos del Estado» y si el Gobierno socialista «piensa encargar una auditoría para conocer el alcance de las supuestas irregularidades».