La acusación contra Errejón seguirá pese a la renuncia de Mouliaá: «La agresión no puede quedar impune»

La asociación ADIVE (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) ha confirmado este miércoles que mantendrá la acusación popular contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, pese al desistimiento de Elisa Mouliaá de ejercer acusación particular. La organización ha subrayado que se trata de un delito público que «no puede quedar impune, por muy poderoso que sea» el denunciado, y ha lamentado la «brutal» presión sufrida por la víctima.

Jorge Piedrafita Puig, representante de ADIVE, ha expresado en una entrevista con OKDIARIO su sorpresa al conocer por los medios de comunicación la decisión de Mouliaá. «Aunque entendemos el desgaste y la presión que ha sufrido, consideramos que los hechos denunciados se mantienen y deben ser enjuiciados», ha declarado el letrado aragonés.

La actriz ha anunciado que abandona su acusación «por salud», aunque sin retractarse de su denuncia. En un mensaje publicado en redes, Mouliaá ha señalado que dio «el paso a solas» tras las denuncias anónimas y la dimisión de Errejón, pero que «con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso». «He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo», ha explicado.

La decisión de ADIVE de continuar con el procedimiento cobra especial relevancia dado que la Fiscalía también ha declinado acusar. Piedrafita Puig ha defendido que «a pesar del desistimiento de la acusación particular, la instrucción se ha trabajado bien», destacando que existe un auto judicial que da veracidad a los hechos y que permite «ir a juicio con garantías de una sentencia condenatoria».

El representante de ADIVE ha precisado que el desistimiento de Mouliaá sólo renuncia a ejercer la acusación particular, pero no afecta al relato de los hechos ni a su futura citación como testigo. «Ella mantendrá su relato de los hechos y ya estaba citada como testigo denunciante con independencia de la acción popular», ha aclarado.

La acusación popular se opondrá al previsible intento de la defensa de Errejón de archivar el procedimiento. Piedrafita Puig ha enfatizado que «al ser un delito público, el procedimiento debe continuar incluso si existiera el perdón de la víctima», un principio que considera «una garantía del sistema constitucional». Ha citado jurisprudencia como el caso Nóos que permite a la acusación popular sostener el procedimiento penal por sí sola en delitos públicos.

El letrado ha criticado duramente la actitud de la defensa de Errejón, calificándola de «combativa, obstruccionista y de boicotear todo el proceso». Ha señalado que Errejón nunca entregó su teléfono móvil, a pesar de decir que no tenía nada que ocultar, lo que sugiere que «algo oculta».

La acusación mantendrá su petición de la pena máxima aplicable para el subtipo de agresión sexual, que es de tres años. Piedrafita Puig ha destacado que Mouliaá fue «tildado de todo menos bonita, de puta para arriba» durante un «durísimo» interrogatorio, aunque mantuvo una versión coherente y firme.

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón han confirmado que el politólogo mantendrá su querella por presuntas calumnias contra Mouliaá. Estas fuentes consideran que la actriz se ha echado atrás porque la situación era «insostenible» al tener a la Fiscalía en contra.

La defensa de Errejón sostiene que Mouliaá ha renunciado dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su representación y porque quería negociar la retirada de su denuncia a cambio de que Errejón retirase su querella. Sin embargo, el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, ha negado que hubiese una negociación sobre la mesa y sostiene que su consejo era seguir adelante con el procedimiento.

Querella por calumnias

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha admitido a trámite la querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias. El juez Arturo Zamarriego ha citado a ambos a declarar el próximo 17 de febrero. Errejón usará esa vía, según Piedrafita, «como medida de presión como suele ser habitual en estos casos».

En este momento, la Audiencia Provincial de Madrid tiene la llave sobre el futuro de la causa inicial. Debe decidir si archiva el procedimiento, como pedirá la defensa de Errejón y la Fiscalía, o si permite que continúe adelante con ADIVE como única acusación.

El objetivo de Elisa: que se diera «veracidad»

La Fiscalía no ha formulado acusación porque, pese a dar «plena veracidad» a la declaración de Mouliaá respecto a tres presuntas agresiones ocurridas supuestamente en octubre de 2021, consideró que «no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito» y que tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella «relación sexual» no era deseada por parte de la actriz.

El caso se inició en octubre de 2024 tras las denuncias anónimas que provocaron la dimisión de Errejón como ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Mouliaá fue la primera y única víctima que dio la cara públicamente.

Respecto al juicio, Piedrafita Puig ha indicado que debido a la sobrecarga de la sección de lo penal en Madrid y la complejidad del caso, no será pronto, quizás demorándose más allá de este año. No obstante, la acusación popular se muestra convencida de que obtendrá una sentencia condenatoria, citando otros procedimientos en los que se han conseguido condenas incluso cuando la víctima no pudo declarar.

El desenlace de este óbice judicial marcará un precedente sobre el papel de las acusaciones populares en casos de violencia sexual cuando las víctimas deciden retirarse, un debate que cada vez cobra más relevancia en el sistema judicial español y que evidencia las dificultades que enfrentan quienes denuncian agresiones de esta naturaleza.