Yolanda Díaz relaja la vigilancia de la precariedad laboral y de la economía irregular

El Gobierno está relajando la vigilancia contra la economía irregular y la lucha contra la precariedad laboral.  Aunque perseguir el fraude es teóricamente una de las banderas que más ha enarbolado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz -amenazó a las empresas en ERTE con consecuencias penales- la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social no está intensificando su trabajo en este ámbito.

La Inspección calcula en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que este año tan sólo realizar  74.446 visitas a centros de trabajo para vigilar la economía irregular y el trabajo de extranjeros en situación irregular, frente a las 140.000 previstas y las 132.277 visitas realizadas en 2019. Es decir, que ha recortado un 43% estos controles con respecto a los efectivamente ejecutados en 2019.

Para el año que viene el Gobierno ha presupuestado que habrá 140.000 inspecciones a empresas, aunque como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones.

También es muy significativo que el Gobierno calcula que sólo investigará en 2020 el fraude en 431.466 contratos temporales, frente a la vigilancia de 451.914 realizada efectivamente en 2019. Es decir, que controlará cerca de 20.000 contratos menos este año, un desplome del 4,5% en términos relativos.

Es la misma caída que se observa en la vigilancia de los contratos a tiempo parcial, de 20.000 contratos, lo que indica que la lucha contra la precariedad no está siendo en realidad una de las prioridades del Ejecutivo.

Pese a la ley del registro horario -que ha obligado a cambiar la operativa de miles y miles de empresas a lo largo y ancho del país-, el Ejecutivo también ha recortado la vigilancia de que en las empresas se cumpla con el tiempo de trabajo. Si en 2019 se hicieron 26.853 actuaciones para vigilar este extremo, en 2020 la ejecución prevista baja a 25.142.

También es muy habitual escuchar en los discursos públicos que se perseguirá cualquier tipo de «discriminación de género». Sin embargo, si en 2019 se realizaron 33.178 actuaciones contra este tipo de discriminación, el Gobierno pronostica en su programa 291 de inspección y control de Seguridad Social y Protección Social, que este año sólo realizará 29.720 actuaciones.

Falsos becarios

A esto se suma que el número de controles de contratos de falsos becarios iba a ser de 3.500 pero finalmente sólo se harán 300 en todo el ejercicio. Es decir, que se hará menos de una comprobación de media al día en todo el país. El año pasado se hicieron 1.226 controles, también lejos de los 3.000 presupuestados.

La prevención de riesgos y siniestralidad laboral también se ha quedado por el camino durante la crisis del coronavirus. Si las visitas a centros de trabajos para realizar una «labor preventiva» sobre este aspecto ascendieron a 79.850 el año pasado, en 2020 se realizarán 61.116, lo que implica una fuerte caída.

La excepcional situación de la pandemia

El Gobierno explica en la letra pequeña de los Presupuestos como «la excepcional situación de la pandemia» ha alterado la planificación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de forma que se ha dado prioridad a la actividad inspectora demandada con motivo de la pandemia, como ha sido la vigilancia de las medidas sanitarias en colaboración con las autoridades sanitarias, la tramitación e informe de los ERTEs y el control de las prestaciones indebidas».

«Además, se debe tener en cuenta que la Inspección ha contado con menos efectivos», se remacha en el balance y la planificación de futuro del programa 291.