Los transportistas piden diálogo a Puente: irán a su Ministerio para darle un real decreto que evite la «guerra»

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 24/09/2026 05:47
  • Actualizado: 24/09/2026 05:48

Como Óscar Puente no ha querido reunirse con los representantes de los pequeños y medianos transportistas, estos han acordado acudir a su Ministerio en búsqueda de diálogo. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha redactado su propia ley y este mismo jueves intentará hacérsela llegar al ministro. No piden prórrogas de combustible ni llevan pancarta: van con la ley en la mano para pedir que se prohíba, por norma, cobrar por debajo de lo que ya cuesta mover un camión.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al proyecto de real decreto redactado por el departamento jurídico de la organización. En el documento, Plataforma solicita medidas «urgentes» para garantizar la viabilidad económica del transporte público de mercancías por carretera y «proteger al porteador efectivo». Los transportistas piden un histórico cambio regulatorio.

Además, junto a este texto, la organización ha incluido una carta dirigida al ministro Óscar Puente en la que pide una reunión urgente antes del 30 de septiembre para «evitar el colapso». Las fuentes de Plataforma consultadas han advertido que la crispación del sector es tal que, de no aceptar el encuentro, los transportistas saldrán «a la guerra» contra Puente.

En la carta, firmada por el presidente de Plataforma, Manuel Hernández, y dirigida al Paseo de la Castellana, 67, los transportistas dejan claro que no cuestionan al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero sí recuerdan que la Ley contempla expresamente la colaboración de las asociaciones con la Administración y que el mismo texto define al CNTC como cauce de participación integrada «sin perjuicio de la colaboración directa e individualizada de las asociaciones con la Administración».

En este punto destacan que, según los datos del propio Ministerio de 2024, de las 64.465 empresas de transporte público nacional de mercancías con vehículos pesados, 50.831 disponían de entre uno y cinco vehículos. Es decir, el 79% del sector son autónomos y pymes que, dicen, no tienen capacidad real de negociar. No se sienten representados en esa mesa de negociación.

De hecho, Plataforma expresa en el documento que «la sostenibilidad de esa estructura empresarial no puede valorarse exclusivamente por la evolución del precio del combustible». Subrayan que, pese a ser relevante, «no agota la realidad económica de la prestación».

En este sentido, sostienen que un transportista puede repercutir correctamente el gasóleo y, aun así, trabajar por debajo de sus costes totales, sin retribuir su propio trabajo y asumiendo costes que corresponden a otras partes de la cadena.

Precio justo y carta de porte obligatoria

En el escrito consultado por este periódico existen varios puntos clave que deberán cambiarse en la ley para salvar al sector de los transportistas de mercancías por carretera.

El corazón del texto versa sobre el precio. Desde Plataforma dejan más que claro que «deberá cubrir el total de los costes efectivos individuales». Cuando el porteador sea autónomo, micro o pequeña empresa, la determinación, explican, comprenderá expresamente el valor económico de su trabajo personal de conducción, organización, dirección y gestión, la amortización y financiación de los vehículos, seguros, mantenimiento, neumáticos, combustibles, peajes, costes fiscales, laborales y administrativos.

Por otro lado, piden que la carta de porte sea obligatoria y refleje el precio real. Es decir, solicitan que todo contrato celebrado con el porteador efectivo se formalice con una carta de porte por cada envío, que deberá acompañar a la mercancía en soporte físico o electrónico. En ella deberá figurar siempre el precio total neto convenido, con indicación separada de gastos y suplementos.

Fin de los abusos y las represalias

En este sentido, también añaden que, en los contratos de larga duración, la cobertura de costes deberá mantenerse toda la vigencia. Contemplan que la comprobación se haga por servicio homogéneo, ruta o periodo de liquidación, pero que no pueda exceder un mes.

Asimismo, en el proyecto de Real Decreto también se crea el artículo 38 bis para «poner fin a abusos y represalias». Aquí señalan que serán nulas las cláusulas que obliguen a renunciar a la revisión del precio, que apliquen descuentos, cargos o penalizaciones no previstos de forma clara y cuantificada, que modifiquen unilateralmente el precio sin causa objetiva o que impongan al transportista costes de otra parte sin contraprestación.

De hecho, en otro de los apartados piden «multas de hasta 4.000 euros y control en carretera». Subrayan que pagar por debajo de costes, tanto en viaje único como en continuado, sea infracción muy grave sancionada con multa de 2.001 a 4.000 euros.

Además, los transportistas han creado la infracción 140.44 por imponer de forma reiterada renuncias, descuentos opacos o represalias, cuando afecte a varios porteadores o supere 3.000 euros de perjuicio.

La memoria que acompaña al texto insiste en un punto para desactivar críticas de Competencia: no establece tarifas mínimas ni márgenes homogéneos. No fija precios. Impide únicamente que la competencia se base en imponer pérdidas al eslabón más débil.

Por último, la carta concluye pidiendo a Puente una solución «jurídicamente viable que permita que la actividad del transportista efectivo pueda seguir siendo empresarialmente sostenible sin alterar las reglas de competencia». Lejos del escándalo y la censura ideológica, los afectados llevan en mano este jueves un real decreto a Puente para salvar el oficio de los transportistas.