Los trabajadores de Alcoa salen a la calle para pedir un acuerdo de venta de San Cibrao
Decenas de personas se han concentrado este domingo en Viveiro (Lugo) par pedir un acuerdo entre Alcoa y GFG Alliance que permita la inversión y que se mantenga la industria y los puestos de trabajo en la planta de San Cibrao.
El comité de empresa -organizador de la convocatoria- repartieron entre los asistentes cascos con el logo de Alvance -perteneciente al mismo grupo GFG Alliance- para simbolizar lo que perdería la comarca si cierra la planta.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó que el acto, que fue en Viveiro, pretendía también lanzar el mensaje a los gobiernos central y autonómico de que los trabajadores necesitan que «sigan apostando» por ellos. «Somos muy buenos en lo que hacemos», ha defendido y ha pedido inversiones para seguir «demostrando» que son «productivos y competitivos».
Zan se refirió a la reunión que tienen prevista el próximo miércoles a las 16,30 horas en Madrid con representantes de GFG Alliance, una cita que esperan que marque «un antes y un después» para la planta de San Cibrao.
Los trabajadores, ha añadido, valoran la actitud del grupo británico de convocar a los representantes a un encuentro presencial para decirles «a la cara» qué planes tienen.
Por la contra, Zan ha criticado la postura de Alcoa, que «no está dando la cara» y a la que le ha pedido que no siga con «amenazas», en alusión al comunicado de la empresa difundido este sábado, en el que acusaba a Liberty House de presentar demandas «no razonables».
«Que no use a los trabajadores. Lo que quiere es ponernos nerviosos para que forcemos a Alliance a ceder», ha señalado y ha manifestado que son las dos empresas «las que tienen que llegar a un acuerdo». En este proceso, ha vuelto a pedir el respaldo de las administraciones públicas.
La propuesta de Alcoa
Esta misma semana Alcoa ha criticado la actitud de Liberty House en la negociación para la venta de la planta de San Cibrao (en Xove, Lugo), en la que presenta solicitudes «no razonables», y ha explicado que su propuesta es transferir las instalaciones por un euro, aportar 50 millones de dólares –42 millones de euros– a «un fondo para el éxito futuro de la planta» y formalizar un contrato para suministrar alúmina durante cinco años «en condiciones estándar de mercado».
En un comunicado remitido este sábado, la multinacional estadounidense ha indicado que «cuatro días después» de la fecha límite establecida por GFG Alliance -grupo en el que se integra Liberty House- para llegar a un acuerdo sobre las condiciones generales de la operación, la compañía británica «respondió» con «mayores demandas» a la propuesta que estaba sobre la mesa y «sin mostrar ningún avance para una transacción en términos comerciales razonables».
Liberty House exige, según Alcoa, «opciones exclusivas para controlar la refinería de alúmina» que la empresa estadounidense tiene también en la comarca de la A Mariña y un contrato de suministro de alúmina por 20 años «al margen de las prácticas comerciales actuales».
Además, «se niega a comprometer fondos propios» y, a las demandas ya planteadas, añadió la de contar con «un inventario de alúmina de 90 días, cantidad que la planta no puede almacenar», por un valor de unos 30 millones de dólares -25 millones de euros-.
Alcoa añade que el grupo británico «solo ha ofrecido pagar un máximo de un millón de euros al mes», cifra que está por debajo de las pérdidas mensuales actuales, que cifra en «un máximo de 6 millones de euros».
Esta es la postura de Liberty House, recrimina Alcoa, pese a que afirmó que «está dispuesta a asumir todas las pérdidas en curso y responsabilidades de la planta de aluminio».
Negociación de buena fe
En este contexto, Alcoa defiende que ha hecho «concesiones sustanciales» para «facilitar» la operación y que su propuesta «justa y razonable» pasa también por pagar los costes de separar la planta de aluminio de la refinería, algo que supondría unos 60 millones de dólares -cerca de 51 millones de euros-.
La multinacional defiende que ha ofrecido condiciones «extremadamente razonables» y que continúa «negociando de buena fe» y sigue «abierta al diálogo» para lograr una «venta responsable». La fecha final para alcanzar un acuerdo es el 27 de septiembre, recuerda.
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